POLÍTICAS SOCIALES TRANSVERSALES

Más allá de la existencia de políticas sociales focalizadas, existen cuestiones transversales que afectan a distintas poblaciones o que refieren a la propia gestión de las políticas sociales. Una de las principales carencias para poblaciones vulnerables es el acceso a una vivienda digna. En cualquier proceso de inclusión social, la dimensión vivienda se torna un multiplicador de desarrollo. En contraposición, la inexistencia de una vivienda —o la existencia de una vivienda en condiciones precarias— implica que cualquier intervención social se vea sumamente desafiada. Esto es así tanto en programas de acompañamiento familiar como en políticas de reinserción social de personas privadas de libertad o en situación de calle.

El acceso a una vivienda estable o propia también es importante para el desarrollo de aquellas familias que, si bien no se encuentran en una situación de vulnerabilidad socioeconómica, pueden no tener suficientes ingresos, ahorros o acceso a crédito para acceder a una solución habitacional estable. Estas limitantes también generan desafíos para las familias de ingresos medios.

A pesar de las considerables inversiones en este ámbito y la densidad del entramado institucional (MVOT, BHU, ANV, PMB, Plan Juntos, Mevir, etcétera), no se ha logrado articular una respuesta con los alcances que esta necesidad requiere. Por otro lado, en el plano comunitario o barrial persisten claras señales de fragmentación social y urbana. Una de las muestras más contundentes es la falta de acceso a servicios públicos en algunos barrios, en particular en las periferias de las principales ciudades. Esta fragmentación también se visualiza en los procesos educativos de jóvenes de contextos críticos en relación con sus pares de mejor situación. Asimismo, para una franja de personas con distintas discapacidades, resulta muy difícil alcanzar su potencial de manera completa. El Estado debe brindar asistencia y oportunidades para todos ellos, fortaleciendo el sistema de cuidados y las medidas de integración social.

Por último, la gestión de las políticas sociales tiene mucho margen para mejorar. En algunos casos, el Estado gestiona directamente; en otros, terceriza la implementación de una política, generalmente con organizaciones de la sociedad civil (OSC). En estos casos, la regla es pagarle a la OSC por desarrollar alguna actividad, pero rara vez se toma en cuenta el resultado de esa acción para determinar el pago del servicio. Es decir, pagamos primero y después vemos si se alcanzaron los objetivos, lo que implica un uso ineficiente de recursos públicos (Ver Bonos de Impacto y pagos por resultado en Capítulo Economía). Queremos un Uruguay que invierte en función de las necesidades de las personas; basado en evidencia, eficiente en el uso de los recursos y orientado a resultados.

POLITICAS SOCIALES TRANSVERSALES 

1. INCLUSIÓN EFICIENTE

1. Plan de viviendas prioritarias desde el MIDES
   Varias investigaciones plantean que existe una clara relación entre el crecimiento, la vivienda y la pobreza, y revalorizan el papel de la vivienda en la convivencia ciudadana y la reducción de la desigualdad. La incapacidad para acceder a una vivienda segura y estable a menudo es un obstáculo para el logro educativo, el trabajo sostenible, la buena salud y las relaciones sociales sólidas. Las personas en contextos desfavorables tienen menos probabilidades de tener un lugar seguro para vivir, así como de hacer una transición exitosa al mercado privado de alquileres o a la propiedad de su vivienda y, por lo tanto, corren un mayor riesgo de quedarse sin hogar. En esta misma línea, el Índice de Carencias Críticas (ICC)[1], instrumento utilizado por el Mides y otros organismos públicos para la focalización de población vulnerable, pondera la calidad de la vivienda con un mayor peso relativo a otras dimensiones.
   Atendiendo a estas circunstancias, y a la urgencia que tiene el Uruguay en atacar el núcleo duro de la pobreza, es que proponemos una reubicación institucional de la respuesta estatal en materia de acceso a la vivienda para población vulnerable, impulsando la fusión del Ministerio de Vivienda con el MIDES, como se detalla en el Capítulo de Vivienda. (Ver Capítulo Vivienda).
   Una vez efectuada la reorganización institucional, el MIDES establecerá las poblaciones objetivo para recibir ofertas habitacionales accesibles, atendiendo especialmente a su vulnerabilidad socioeconómica. A su vez, desarrollaremos un portal de vivienda que establezca de manera clara la información respecto a los planes disponibles.
2. IVA y billetera digital para prestaciones sociales
   Impulsaremos una política de extensión de los beneficios de IVA para las prestaciones sociales mediante billetera digital. (Ver capítulo Economía.)
3. Actualización periódica de declaraciones juradas
   A nivel de transferencias monetarias Uruguay se distingue por lograr la cobertura más elevada en la región, beneficiando al 88% de su población bajo la línea de pobreza. Sin embargo, la evidencia muestra que existen uruguayos que continúan recibiendo transferencias, mientras que su situación de vulnerabilidad no las justifica. Con el objetivo de focalizar los fondos en aquellos uruguayos que más lo necesitan, estableceremos un mecanismo de actualización obligatoria de las declaraciones juradas para mantener o retirar el acceso a las transferencias monetarias, incluyendo un procedimiento escalonado de salida para quienes hayan logrado salir de su situación de vulnerabilidad socioeconómica. Dicha actualización se realizará a través de la Ventanilla Única implementada por el Mides y el BPS.
4. Expansión de los Centros de Atención Integral (CAI)
   La actual administración creó los primeros Centros de Referencia, en el departamento de Salto y el barrio Casavalle en Montevideo. Crearemos tres Centros de Atención Integral (CAI) adicionales: en la zona oeste de Montevideo, en la zona norte, y otro en el interior del país, de acuerdo a parámetros de vulnerabilidad socioeconómica y dificultad de acceso a servicios públicos.
5. Fortalecimiento del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC)
   Avanzaremos hacia la universalización y descentralización del SNIC, el Programa de Apoyo al Cuidado Permanente[2] y la profesionalización de cuidadores especializados para las distintas poblaciones que requieren apoyo del Sistema: niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

2. FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL

1. Potenciar la gestión y los servicios de las OSC
   Las OSC cumple roles sociales fundamentales en diversas áreas de nuestra sociedad. Para mejorar su impacto, brindaremos programas de acompañamiento y formación de las OSC, principalmente focalizado en i) asesoría legal y financiera; y ii) formaciones específicas en la mejora de las organizaciones.
2. Creación de un Fondo de Pagos por Resultados
   Los programas donde el Estado contrata con las organizaciones de la sociedad civil (OSC) son herramientas útiles, pero que deben ser fiscalizados y evaluados en función de sus resultados. Para ello, crearemos un Fondo de Pagos por Resultados, que permitirá abordar problemas sociales complejos con una mayor flexibilidad, mitigando los riesgos y costos de fracaso.
   A través de este Fondo de Pagos por Resultados, promocionaremos instrumentos innovadores como los Bonos de Impacto Social, que permitirán canalizar recursos públicos a intervenciones sociales en base a probados resultados. Impulsaremos Bonos de Impacto Social para financiar intervenciones innovadoras para la reinserción de personas liberadas, personas en situación de calle, realojos, entre otras complejas situaciones sociales (Ver siguiente capítulo). Centralizaremos en una plataforma única la información de todos los fondos concursables vigentes para las OSC, donde sea posible visualizar y comparar requisitos, objetivos y plazos de manera integrada.
   Utilizaremos los llamados “bonos de impacto” a efectos de mejorar los resultados obtenidos.
3. Laboratorio de Políticas Sociales
   Promoveremos la creación de un Laboratorio de Políticas Sociales, apuntando a la generación de evidencia en las OSC (información, datos, indicadores) sobre modelos de intervención e impacto de los programas que implementan, a través de la sistematización de experiencias y buenas prácticas. Seleccionaremos proyectos de interés público con evidencia de impacto para realizar pruebas de escala en todo el país, buscando impulsar la política pública desde la generación de conocimiento de las OSC.

[1] https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/comunicacion/publicaciones/es-indice-carencias-criticas

[2] https://www.gub.uy/ministerio-desarrollo-social/node/10742