DERECHOS HUMANOS

Desde su más temprana historia, Uruguay ha forjado una cultura de respeto a los derechos humanos. Más recientemente, el compromiso de nuestro país con los derechos humanos se ha reflejado en la aprobación de normativa de vanguardia, como la Ley de Protección Integral de Personas con Discapacidad, la Ley de Matrimonio Igualitario, o la Ley para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas y la Protección de las Víctimas.  Estas normativas se alinean con los art. 7, 72 y 332 de la Constitución, que reconoce la preexistencia de derechos, deberes y garantías “inherentes a la personalidad humana o derivados de la forma republicana de gobierno”.

En el plano internacional, Uruguay tiene una larga tradición de incorporación a su ordenamiento jurídico de varios instrumentos orientados a su promoción y al establecimiento de garantías para su cumplimiento. Ha suscrito e incorporado en su legislación numerosos tratados internacionales de derechos humanos, tanto en las Naciones Unidas como a escala regional y subregional; desde los pioneros, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hasta los más modernos, como el Acuerdo de Escazú. Ha reconocido, a su vez, la competencia de todos los órganos internacionales en materia de derechos humanos.

En 2023, Uruguay aprobó el primer Plan Nacional de Derechos Humanos, con vigencia 2023-2027, tal como fuera recomendado desde 1993 en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena. Este plan establece las bases para incorporar un enfoque de derechos humanos al diseño y a la implementación de las políticas públicas, así como para la adecuación normativa e institucional necesarias para llevar a cabo este proceso. Es el resultado de un verdadero esfuerzo colaborativo entre autoridades nacionales e internacionales, así como de expertos de varios países de la región.

El enfoque de derechos humanos es la base desde la que se proyectan varios capítulos de este programa, como los que abordan las políticas de desarrollo social, el ambiente o el tratamiento de las adicciones, entre otros. Sin perjuicio de ello, exponemos en este capítulo algunos compromisos específicos. Queremos un país donde los derechos humanos de todas las personas tengan plena vigencia y efectividad, sin discriminación alguna.

DERECHOS HUMANOS

1. DERECHOS HUMANOS

1. Compromiso con la verdad
   Reafirmamos nuestro compromiso con la búsqueda de la verdad para las personas desaparecidas y la memoria histórica. Continuaremos impulsando los esfuerzos de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente (sucesora de la Comisión para la Paz) y la Institución Nacional de Derechos Humanos en dicho sentido.
2. Políticas de migración
   Las recientes olas migratorias marcan desafíos y oportunidades para la integración de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio. Desde la convicción que la inmigración enriquece a las sociedades, haciéndolas más diversas y plurales, Uruguay debe profundizar su trabajo en la convivencia pacífica, respetuosa e integradora de todos sus habitantes. Queremos un Uruguay que le dé la bienvenida a todo aquel que quiera desarrollar aquí su proyecto de vida.
   La Ley de Migración, la Ley de Refugiados, la creación de la Junta Nacional de Migración (JNM) y la creación de la Comisión de Refugiados (CORE) representan importantes avances de nuestro país en este sentido. Por otra parte, en 2022 se elaboró el primer Plan Nacional de Integración para personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiados, orientado hacia 2023-2024. Este plan establece una serie de objetivos generales y específicos que compartimos, y cuyo cabal cumplimiento nos comprometemos a efectivizar en los años venideros.
   En particular, fortaleceremos la política de regularización migratoria y de refugio, armonizando criterios aplicables, mejorando la disponibilidad de la información y la coordinación y atendiendo situaciones no contempladas en la normativa desde un enfoque que privilegie la vigencia de los derechos humanos para todas las personas en territorio uruguayo; mejoraremos el acceso al empleo, a la educación, a la salud y a la vivienda en estas poblaciones, promoviendo la difusión de información de calidad, la sensibilización y la formación del personal responsable, y la mejor coordinación entre dependencias estatales; avanzaremos en la construcción de centros de referencias para migrantes (como el ya existente en Montevideo) en las zonas fronterizas, donde surge un alto tránsito de inmigrantes y pedidos de refugio; y promoveremos activamente la no discriminación y combatiremos la xenofobia en el tejido social uruguayo, a través del trabajo conjunto entre el Estado y la sociedad civil enfocada en poblaciones migrantes.
3. Continuar luchando contra la discriminación étnico-racial
   Uruguay ratificó, en 1968, la Convención de las Naciones Unidas para la eliminación de toda forma de discriminación racial. En 2004 declaró de interés nacional la lucha contra el racismo y otras formas de discriminación a través de la Ley 17.817, creando a su vez la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra forma de discriminación. Nuestro Código Penal establece pena de prisión para quienes cometan actos de violencia, odio o menosprecio contra personas por su color de piel o raza, o estimulen en público dichos sentimientos.
   El Mides, la INDDHH y la Comisión aludida, entre otras instituciones, trabajan para avanzar en términos de convivencia libre de discriminación. Sin embargo, no podemos decir, hoy en día, que Uruguay esté libre de prácticas y discursos que excluyen y discriminan, por lo que entendemos importante profundizar las acciones que buscan eliminarlas o mitigarlas. Especialmente, apuntaremos a la reducción de las brechas que se mantienen entre la población afrodescendiente y el resto de la población en términos de empleo, generando las condiciones para poder dar efectivo cumplimiento a las acciones afirmativas dispuestas por la normativa vigente en esta materia; a la educación en clave de igualdad y no discriminación desde los centros educativos, y a la realización de cursos, talleres e instancias de sensibilización, concientización y capacitación en materia de discriminación étnico-racial para funcionarios de distintas dependencias estatales.