ESTADO DE DERECHO Y TRANSPARENCIA

GENERO

A lo largo de sus casi 200 años de existencia, nuestro país ha sido pionero en la lucha por la igualdad de género en el continente y el mundo. Comenzando por la lucha de movimientos feministas en el siglo XIX por el derecho a la educación, avanzando en el siglo XX con la Universidad de la Mujer, la conquista del sufragio femenino, el divorcio por la sola voluntad de la mujer, y la Ley 10.783 de Derechos Civiles de la Mujer, el Uruguay y el Partido Colorado han estado a la vanguardia de la lucha por la igualdad de género.

En pleno siglo XXI, nuestro país mantiene varios desafíos en materia de igualdad de género que requieren un compromiso político y políticas públicas concretas. Las disparidades de género siguen presentes en cuestiones como la participación política y desigualdades en ingreso, así como en violencia de género y trata de personas, entre otras. En materia de violencia de género, el 76% de las mujeres uruguayas de 15 años o más declaran haber sido víctimas de este tipo de violencia alguna vez en su vida.[1] Reafirmamos nuestro compromiso con contribuir a erradicarlas o a reducirlas a su menor expresión posible. Queremos un país en el que la variable de género no sea una condicionante en la vida de las personas.

POLITICAS DE GENERO

1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL FRENTE A LA VIOLENCIA DE GENERO
	Aumento de las comisarias especializadas en violencia doméstica y de género
	Fortalecimiento de formación de funcionarios policiales y administrativos en el trato con víctimas de violencia de género
	Aumento del uso de tobilleras
	Ampliación de la oferta habitacional para víctimas de violencia de género
	Campañas de concientización para la erradicación de la violencia de género, explotación sexual y trata de personas
	Mejora de los protocolos de identificación y acompañamiento de los casos de abuso y violencia en los centros educativos
	Fortalecimiento de las políticas públicas dirigidas a prevenir y erradicar la trata de personas
	Implementación de protocolos de acoso laboral y sexual en empresas públicas y privadas
	Fortalecimiento de los Centros de Referencia en la respuesta estatal a la violencia doméstica y de género
2. AUTONOMIA ECONOMICA
	Continuar ampliando el Modelo de Calidad con Equidad de Genero
	Fortalecer el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC)
	Abogar por un mejor balance en la carga de maternidad y paternidad
	Plan de capacitación e inserción laboral a hogares monoparentales
3. EDUCACION
	Becas y subsidios a niñas y adolescentes
	Programas específicos para adolescentes y madres embarazadas
4. SALUD Y GENERO
	Trato digno, respeto a la autonomía de pacientes y consentimiento informado
	Actualización de protocolos de violencia de género en servicios de salud
	Nuevas políticas frente a nuevas tendencias de adicciones
5. MEJORAR LA PARTICIPACION POLITICA
	Cumplimiento de legislación vigente sobre participación política
	Programas de fortalecimiento de lideres políticas

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La violencia basada en género continúa siendo una problemática que afecta gravemente a nuestra sociedad. Tanto es así que, según la Dirección Nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior, en el período que va desde enero a octubre del 2023, se recibieron 35.567 denuncias por violencia y asociados (amenazas, lesiones, etc) en todo el territorio nacional.

Aumento de las comisarías especializadas en violencia doméstica y de género
Las comisarías de violencia doméstica y de género constituyen un pilar fundamental en la lucha contra la violencia dentro del hogar y contra la mujer. Sin embargo, las mismas se encuentran, en la actualidad, desbordadas por su carga de trabajo. Es por ello que promoveremos aumentar en al menos un 50% las comisarías actuales, para proporcionar a las víctimas una respuesta más eficiente, rápida y segura.
Fortalecimiento de formación de funcionarios policiales y administrativos en el trato con víctimas de violencia de género
Fortaleceremos los programas de formación a los funcionarios que trabajan en dichas comisarías, para que puedan acompañar a las víctimas durante todo el proceso que inicia con la presentación de una denuncia con la preparación adecuada.
Aumento del uso de tobilleras
El Programa de Tobilleras Electrónicas comenzó a implementarse en Montevideo el 1° de febrero del año 2013. En una primera etapa se desarrolló con 100 pares de equipos, como un mecanismo de monitoreo de las víctimas (para su protección) y sus agresores (para evitar el acercamiento a estas). Según el informe de la Dirección Nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior ya aludido, en el 2023 se utilizaron 1000 tobilleras más (2720 equipos) en comparación con el año 2020 (1720 equipos). Del total de los casos de utilización de las tobilleras en el período que transcurrió de enero a octubre de 2023, un 96% de las víctimas es de sexo femenino.
Entendiendo que las tobilleras electrónicas proporcionan una herramienta tecnológica fundamental para la lucha contra la violencia de género y para garantizar la seguridad de las víctimas, es que proponemos aumentar sustancialmente esta herramienta, para la satisfacción de la demanda total que existe hoy en día.
Ampliación de la oferta habitacional para víctimas de violencia de género
En virtud de que las denuncias por violencia de género implican, en muchas ocasiones, que la víctima deba retirarse de su hogar, generando incertidumbre y vulnerabilidad -especialmente en aquellas con menos recursos-, proponemos aumentar sustancialmente las Casas de Breve Estadía para mujeres en situación de violencia doméstica con riesgo de vida y menores a cargo.
A su vez, generaremos facilidades para acceder a soluciones habitacionales de largo plazo o permanentes, focalizadas en mujeres víctimas de violencia de género – especialmente en aquellas que tienen personas bajo su cuidado.
Campañas de concientización para la erradicación de la violencia de género, explotación sexual y trata de personas
Proponemos impulsar campañas de concientización sobre la violencia de género, la explotación sexual y la trata de personas, buscando visibilizar los signos de abuso y los recursos disponibles a nivel público y privado, y promover una cultura de denuncia y apoyo a las víctimas.
Mejora de los protocolos de identificación y acompañamiento de los casos de abuso y violencia en los centros educativos
Mejoraremos los protocolos actuales de abuso sexual y violencia intrafamiliar con los que cuentan los docentes en las aulas, buscando garantizar la protección y bienestar de los estudiantes. Las escuelas y liceos son una línea de detección de estos episodios, y resulta indispensable implementar protocolos claros y efectivos de detección e implementación de los mismos al personal docente y escolar, dotándolos de las herramientas para que puedan hacer frente a estos casos. (Ver Capítulo Educación)
Fortalecimiento de las políticas públicas dirigidas a prevenir y erradicar la trata de personas
Según el último informe elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, Uruguay no cumple totalmente con las normas mínimas para la eliminación de la trata de personas, en especial en la asistencia a las víctimas.
Además de las campañas de concientización referidas supra, buscaremos aumentar la cooperación con los países de la región para la lucha contra la trata, así como fortalecer las capacidades locales de combate contra la misma. Ello incluirá la mejora de las políticas fronterizas, la aplicación de criterios de inteligencia financiera a los procesos migratorios, buscando levantar alertas tempranas en las operaciones de reclutamiento de redes de tratantes, y promoviendo capacitaciones para la identificación de casos de trata por parte de funcionarios administrativos y policiales. A tales efectos, dotaremos de mayores recursos financieros y humanos al Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas.
A su vez, trabajaremos en un programa de casas seguras para la acogida de víctimas identificadas y el acompañamiento de estas durante los procesos judiciales.
Implementación de protocolos de acoso laboral y sexual en empresas públicas y privadas
Fomentaremos que las empresas de más de 10 empleados tengan un protocolo de acoso laboral y sexual, que establezca claramente los procedimientos de denuncia de acoso, sus etapas de investigación y acción. Asimismo, mediante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se pondrá en marcha un modelo de protocolo que podrá ser adoptado por las empresas.
Fortalecimiento de los Centros de Referencia en la respuesta estatal a la violencia doméstica y de género
Por su fuerte anclaje territorial, entendemos que los Centros de Referencia, como el recientemente inaugurado en Casavalle, deben jugar un rol clave en la prevención y la erradicación de la violencia de género. Nos aseguraremos de que cada uno de estos Centros a inaugurarse en el futuro cuente con un equipo multidisciplinario enfocado en brindar atención, asesoramiento y contención en casos de violencia —psicólogos, asistentes sociales, policías— y guiar a la víctima de forma integral en sus acciones siguientes [Ver Capítulo Políticas Sociales Transversales].

AUTONOMÍA ECONÓMICA

Los hogares más pobres están integrados por mujeres, en su mayoría jóvenes, y sus hijos. Un 20 % de las mujeres pobres declaran que no trabajan ni buscan trabajo por falta de tiempo, dado que deben ocuparse de tareas domésticas o de cuidado. Entre las mujeres no pobres, este porcentaje desciende a un 10%. A su vez, si analizamos únicamente los hogares pobres con niños, el 32 % son hogares monoparentales, dentro de los cuales el 89 % son monomarentales.

Las circunstancias referidas obligan a incorporar una mirada de género en la lucha contra la pobreza. Ello implica diseñar medidas tendientes a promover la autonomía económica de las mujeres, incentivando el empleo y la formalidad, facilitando la incorporación al mercado laboral de las mujeres más vulnerables, propulsando su capacitación y, en especial, fortaleciendo el Sistema Nacional de Cuidados.

Continuar ampliando el Modelo de Calidad con Equidad de Género (MCEG)
Entendemos necesario continuar ampliando el programa del MCEG, que implica una acción de certificación para las empresas, a efectos de incentivar a las organizaciones públicas y privadas a elaborar planes de diseño y evaluación internos con perspectiva de género. Promoveremos beneficios para quienes acrediten estar transitando el camino del MCEG.
Fortalecer el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC)
El SNIC debe continuar avanzando en su implementación con enfoque de género, posibilitando la inserción de todas las mujeres en el mercado laboral y concientizando respecto de la responsabilidad compartida del cuidado entre Estado, mercado, comunidad y familia, y libre de estereotipos de género. Apuntaremos a avanzar en su descentralización y, especialmente, en la coordinación con INEFOP para ofrecer capacitaciones laborales para hogares pobres con jefatura femenina que incluyan opciones de cuidados.
Profundizaremos, a su vez, la articulación entre el SNIC y el sector privado, apostando a celebrar convenios con empresas privadas para que creen y gestionen centros de cuidados para sus empleados y los hagan extensibles a las comunidades aledañas, recibiendo por ello beneficios -todo ello con habilitación y supervisión del INAU y el MIDES-.
Por último, continuaremos concientizando sobre la importancia de la corresponsabilidad en los cuidados y también de su impacto en términos económicos y productivos, transmitiendo que invertir en cuidados es invertir en autonomía económica de las mujeres.
Abogar por un mejor balance en la carga de maternidad y paternidad
Si bien se han realizado avances en este sentido en la presente legislatura, entendemos que debemos continuar luchando por un mayor balance en las tareas parentales, principalmente en las primeras semanas de la paternidad y maternidad. Es por ello que proponemos continuar luchando por una igualdad en las licencias por maternidad y paternidad, buscando aumentar esta última a parámetros más similares a los de las legislaciones más avanzadas.
Plan de capacitación e inserción laboral a hogares monoparentales
Implementaremos un plan de capacitación e inserción laboral especialmente dirigido a hogares monoparentales con jefatura femenina y niños a cargo. El mismo tendrá una coordinación entre las instituciones involucradas para asegurar el acceso a servicios de cuidados para aprovechar la capacitación.

EDUCACIÓN

Las niñas y las adolescentes en contextos vulnerables enfrentan desafíos extraordinarios que obstaculizan su acceso y permanencia en el sistema educativo, frecuentemente relacionados con las tareas de cuidados que se ven obligadas a asumir, relegando su propio desarrollo y perpetuando un ciclo de pobreza y desigualdad.

Becas y subsidios a niñas y adolescentes
Evaluaremos el otorgamiento de becas o subsidios económicos dirigidos exclusivamente a niñas y adolescentes que cursen estudios en educación media en contextos desfavorecidos, condicionados a la asistencia regular a clases y al buen desempeño académico. Así, buscaremos mantenerlas dentro del sistema educativo, generando incentivos económicos frente a la tarea de cuidados que muchas veces implica la desvinculación del mismo.
Programas específicos para adolescentes y madres embarazadas
En especial, protegeremos las trayectorias educativas de las adolescentes y mujeres madres o embarazadas. Desde la ANEP y en alianza con el Mides, buscaremos implementar un programa focalizado para esta población, que deberá contemplar la flexibilización de los planes de estudios, tutorías, acompañamiento entre pares y alternativas de cuidados.

SALUD Y GENERO

Continuaremos profundizando el Sistema Nacional Integrado de Salud para mejorar la calidad de la atención y la accesibilidad de los servicios que reciben todas las mujeres. Trabajaremos en la efectiva cobertura en salud para todas ellas, con énfasis en la integración de las mujeres rurales.

Puntualmente, en el campo de la salud reproductiva, es fundamental que las mujeres se sientan seguras al momento del parto, momento de especial vulnerabilidad. De acuerdo con la Encuesta del Observatorio de MYSU (2022), el 52 % de las mujeres encuestadas manifestó haber vivido una situación de violencia obstétrica, mientras que 3 de cada 10 afirma haber experimentado estas situaciones en los últimos cinco años.

Trato digno, respeto a la autonomía de pacientes y consentimiento informado
Se debe profundizar en la concientización sobre el trato digno, el no sometimiento a tratamientos o prácticas indeseadas, y la debida atención previa donde se evacuen todas las consultas.
Especialmente, debido a que en Uruguay el índice de cesáreas ha venido en aumento en los últimos años, llegando a un 48% en el 2021, nos comprometemos a promover una mayor concientización sobre la importancia del parto respetado o humanizado. En concreto, aprobaremos normativa dirigida a actualizar y difundir los protocolos de asistencia al parto, a fortalecer el rol de las parteras y a promover campañas de educación sexual y reproductiva que incorporen el concepto de parto respetado, con el objeto de que se tomen decisiones seguras e informadas con respecto a los partos.
Actualización de protocolos de violencia de género en los servicios de salud
Nos comprometemos a efectuar una revisión y oportuna actualización de los protocolos implementados por los servicios de salud en casos de violencia de género. En particular, avanzaremos en la disponibilidad y capacitación de equipos multidisciplinarios que contengan a las víctimas, asegurando que se evite la revictimización o la exposición a situaciones de alta vulnerabilidad.
Nuevas políticas frente a nuevas tendencias de adicciones
La última Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media (2022) revela cambios en la composición de la proporción de adolescentes que declaran consumir o haber consumido alcohol y cannabis. En los últimos años, el consumo de estas drogas pasó a ser más prevalente entre las adolescentes mujeres que entre los adolescentes varones, mientras que tradicionalmente esta relación se presentaba invertida. El consumo de cocaína se equiparó por primera vez en 2021.
La información recabada llama a realizar estudios profundos que identifiquen las causas de las modificaciones en las prevalencias de consumo y contribuyan a diseñar respuestas adecuadas, que estén apalancados en la perspectiva de género como herramienta ineludible para una cabal comprensión de los cambios observados.

MEJORAR LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Cumplimiento de legislación vigente sobre participación política
Resulta indispensable alcanzar mayores niveles de representación política de nuestras mujeres en los distintos ámbitos legislativos y ejecutivos. Abogaremos por el cumplimiento de la legislación vigente en dicho aspecto, procurando una mayor participación política de las mujeres, y apostando a mejorar los indicadores actuales que presenta nuestro país.
Programas de fortalecimiento de lideres políticas
Desde InMujeres, a su vez, promoveremos programas de fortalecimiento de líderes políticas, como los que ya se llevan adelante, que coadyuven a brindar oportunidades reales a las mujeres políticas.

[1] Segunda Encuesta Nacional de Prevalencia sobre Violencia Basada en Género y Generaciones, CNCLVD, 2020.