ENERGÍA

En las últimas décadas Uruguay ha transitado un camino de profundos cambios en el sector energético que le ha permitido construir un sistema energético robusto, diversificado y esencialmente renovable. Este camino de transformación fue cimentado en un marco institucional y regulatorio adecuado que brinda las condiciones necesarias para el desarrollo de un sector desafiante y en permanente evolución.

La piedra fundamental de este proceso fue la promulgación de la ley 16.832 del año 1997, mediante la cual se desmonopolizó la generación de energía eléctrica y se abrió a la competencia este importante sector, habilitando de esta forma el ingreso de actores privados. Otro aspecto importante fue la concreción de un acuerdo multipartidario en materia de política energética, el cual, desde el año 2010, ha venido pautando de manera unívoca el camino a seguir, primero durante la primera transición energética, y al día de hoy, con la segunda.

La primera transición energética, consistente en la introducción de fuentes renovables no tradicionales en la matriz de generación eléctrica – biomasa, eólica y fotovoltaica -, ha posicionado a Uruguay a nivel regional e internacional. Como resultado, desde 2008 se realizaron grandes inversiones público-privadas que permitieron que actualmente casi la totalidad de la electricidad generada sea de origen renovable.  A la fecha, la generación eléctrica en Uruguay supera, año a año, largamente el 90% a partir de fuentes renovables, posicionándose como como líder a nivel mundial.[1]

El sector energético se ha destacado por su dinamismo y los permanentes avances tecnológicos. En este contexto, la actual administración ha apostado por una nueva agenda de cambios denominada “Segunda Transición Energética”, la cual es necesario seguir impulsando y profundizar. El principal objetivo es seguir descarbonizando los distintos sectores de actividad con énfasis en el transporte y la industria. Sin perjuicio de lo expuesto, debemos evitar los errores del pasado donde se incurrió en excesivos sobrecostos que hoy seguimos pagando dentro del precio de la energía eléctrica.

Dentro de esta nueva agenda se destacan puntos innovadores en el horizonte como el hidrógeno verde y sus derivados, la promoción de la eficiencia energética, la movilidad eléctrica, la digitalización del sector energético mediante la incorporación de las TICs, la incorporación del almacenamiento eléctrico (storage) para una gestión más eficiente del sistema eléctrico, así como profundizar la investigación aplicada e innovación.

La segunda transición energética pautará el desarrollo futuro del sector y exigirá del compromiso y empuje de todos los actores vinculados al ecosistema de la energía. Para que Uruguay esté a la vanguardia de las transformaciones resulta fundamental impulsar una batería de propuestas.

En lo que tiene que ver con el sector combustibles líquidos, los altos precios relativos a nivel regional, afectan a la competitividad de nuestras exportaciones y encarecen el costo de vida. En la actualidad, el precio de venta al público es fijado por el Poder Ejecutivo y funciona con un esquema de precio máximo, igual para todo el país. Sin perjuicio de ello, se observa en los hechos que la intensidad de la competencia es baja, por lo que el precio por litro fijado a los usuarios es el mismo en todo el país y en todas las estaciones independientemente del sello. Asimismo, en las naftas el 58% del precio pagado por el consumidor son gastos de comercialización (sector privado) más los impuestos y tasas, en tanto dicho porcentaje es del 40% para el gasoil.  Al día de hoy, es la Ursea la que calcula el PPI que es una referencia importante de transparencia en la fijación del precio.

Queremos un Uruguay que cuente con un suministro de energía adecuado y accesible para todos, de alta calidad y a precios competitivos. Un sistema energético eficiente, que cuente con la complementariedad entre entidades públicas y privadas.

ENERGIA

1. SEGUNDA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

1. Impulsar el Hidrógeno verde
   El hidrógeno verde presenta una oportunidad para el desarrollo económico y sostenible de Uruguay, apuntando a contribuir en la descarbonización de diferentes sectores que hoy en día son dependientes de fuentes fósiles como el transporte y la industria. Nuestro país cuenta hoy día con una Hoja de Ruta del Hidrógeno Verde y derivados, y se encuentra desarrollando estudios de análisis para la realización de sus primeros proyectos. Se destaca asimismo la creación del Fondo Sectorial del Hidrógeno con USD 10 millones de aportes públicos y licitación del primer piloto de hidrógeno verde.
   Nuestra estabilidad macroeconómica e institucional, los beneficios fiscales que la ley de inversiones otorga y el respeto de las reglas del juego, conjuntamente con las condiciones naturales, permiten a Uruguay brindar el marco apropiado para la concreción de las inversiones. Impulsaremos las inversiones en hidrogeno verde, fortaleciendo el marco institucional y generando las mejores condiciones financieras y de inversión para dichos proyectos.
   La evolución del mercado internacional y las tecnologías determinarán la forma más conveniente para la producción, transporte y exportación de este vector energético. Siempre que sea posible se deberán priorizar aquellos productos con mayor valor agregado y externalidades positivas, tanto económicas como ambientales, como ser los combustibles sintéticos y materias primas verdes para la industria.
2. Eficiencia energética
   Conforme a lo establecido en la Ley 18.597 de 2009 que declaró la Eficiencia Energética de interés nacional, evaluaremos la adopción de MEPS (estándar mínimo de rendimiento energético) para avanzar en una mayor eficiencia energética.
3. Potenciar la movilidad eléctrica
   El transporte es uno de los principales consumidores de combustibles fósiles de nuestro país, los que a su vez debemos importar. La transición hacia una matriz de generación eléctrica más limpia genera condiciones favorables para la adopción de este tipo de tecnologías, por lo que el impulso de políticas públicas claras resulta fundamental. Impulsaremos del desarrollo de la movilidad eléctrica en nuestro país, mediante políticas públicas claras que promuevan la adopción de estos vehículos a nivel colectivo e individual.  Se elaborará un Plan Nacional de Electrificación Industrial y Movilidad, íntimamente vinculado al Plan Nacional de Eficiencia Energética, el cual deberá ser actualizado de acuerdo al mandato legal.
   Profundizaremos en una política de incentivos en el transporte público colectivo donde las distancias lo permitan, para avanzar en la descarbonización de la flota urbana. Asimismo debería considerarse su uso en la distribución de carga en los centros urbanos. Finalmente se evaluará la conveniencia del pasaje de parte de la flota estatal a vehículos eléctricos, apuntando a que el Estado sea un fiel promotor de la Segunda Transición Energética.
   En cuanto a la formación de recursos humanos necesarios para los cambios en nuestra cadena energética y de transporte, trabajaremos de manera conjunta con INEFOP en lograr capacitación en todos los eslabones de la cadena de suministro de la movilidad eléctrica, en particular en lo referido a operaciones de reparación, mantenimiento de vehículos como de cargadores. Finalmente, y atendiendo a aspectos vinculados a la vida útil de las baterías, se trabajará con la academia a efectos de desarrollar conocimiento local en la materia, buscando opciones para su utilización posterior (segunda vida) o correcto descarte.
4. Energía para un Plan Nacional de Riego
   El desarrollo productivo de la agricultura necesita de energía abundante y segura. A tales efectos, el sector es relevante en la planificación de inversiones que apuntalen el Plan Nacional de Riego (Ver capítulo Agro).
5. Gobernanza de las Empresas Públicas y Rol del Estado
   Impulsaremos empresas públicas competitivas, eficientes y transparentes que lideren los procesos de transformación energéticos generando las condiciones propicias para la participación privada, ya sea de forma autónoma, como bajo la forma asociativa. Las empresas privadas aportan capital y conocimiento del sector y complementan la acción desde el Estado.
   Se adecuarán, en la medida de los avances en la materia, las cartas orgánicas de las empresas públicas, a efectos de que las mismas puedan cumplir con sus competencias legales, a la vez que se fortalecen y se preparan para un mundo competitivo.

2. MERCADO ELÉCTRICO

1. Continuar hacia el 100% de electrificación
   La energía eléctrica debe llegar a todos los hogares del país de forma segura y a precios razonables. Se seguirán impulsando las políticas necesarias para alcanzar el 100% de electrificación a nivel nacional, ya sea a través de la extensión del tendido eléctrico o a través de soluciones aisladas, como paneles solares, etc.
   Intensificaremos los planes de regularización de conexiones eléctricas reduciendo al mínimo las pérdidas no técnicas del sistema y manteniendo las tarifas sociales que permitan a los hogares más vulnerables afrontar los costos del servicio.
2. Transparencia en las tarífas eléctricas
   A efectos de lograr transparencia en las tarifas eléctricas, la URSEA deberá establecer periódicamente los valores de peajes para los distintos niveles de tensión, los cuales deberá actualizar de acuerdo con el mandato legal, así como también la metodología utilizada. En adición, el Poder Ejecutivo tendrá en consideración los informes del regulador para la definición de las distintas tarifas.
3. Separación de unidades de negocio de UTE
   Apuntaremos a separar las unidades de negocios de UTE a efectos de lograr una separación contable real y efectiva, lo cual permitiría evaluar la performance de las distintas unidades (generación, transmisión, distribución y comercialización) de manera más precisa, teniendo en cuenta a su vez, que las mismas funcionan en mercados con distintas condiciones de competencia. Explicitar y hacer los máximos esfuerzos en focalizar los subsidios directos vinculados al sector eléctrico.
4. Estado eficiente en el uso de la energía
   Impulsaremos la política de eficiencia energética del sector público, implementando que las oficinas y demás dependencias estatales deberán contar con luminaria y envolventes eficientes, electrodomésticos para acondicionamiento de aire etiquetados, categoría A con tecnología inverter o similar, de mayor eficiencia según el caso. Se propenderá a la realización de la mayor cantidad de intervenciones vinculadas a la eficiencia energética, previo análisis en cada caso.

3. COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

1. Competencia de distribución secundaria
   A efectos de aumentar los niveles de competencia en la distribución secundaria, eliminaremos las restricciones que reducen la competencia en el transporte y otros eslabones de la cadena de comercialización.
2. Actualización de negocios de ANCAP
   Llevaremos adelante una actualización de los negocios centrales de ANCAP, de manera de eliminar actividades para las cuales no fue creada, no forman parte de su competencia legal y provocan, en muchos casos, pérdidas económicas importantes.
3. Integración energética regional
   Debemos avanzar en reducir la dependencia de los combustibles fósiles por razones ambientales y económicas. Estas últimas responden a que no se cuenta actualmente con reservas de hidrocarburos y nuestro país es tomador de precios en un mundo cada vez más inestable. El objetivo final es una mayor y mejor integración regional, de forma de explotar a nuestro favor las ventajas comparativas de una región muy rica en recursos renovables y minerales. Por eso vamos a coordinar esfuerzos en el marco del Subgrupo de Trabajo de Energía del MERCOSUR (SGT 9), Olade, Siesur, y demás ámbitos u organismos que se integran.

[1] “Energías renovables en Uruguay”, Uruguay XXI, 2023.