TELECOMUNICACIONES

Uruguay ha logrado un progreso sostenido en el ámbito de las telecomunicaciones, comparable a países del primer mundo y sobresaliendo en calidad en América Latina, gracias a las inversiones realizadas en su infraestructura. Esto ha llevado a que nuestro país se ubique en las primeras posiciones regionales en términos de penetración del acceso a internet, tanto fijo como móvil, y a poseer una infraestructura robusta en términos de conectividad. En la actual Administración ANTEL expandió la fibra óptica a zonas periféricas y rurales, promoviendo la equidad y la inclusión digital. En telefonía móvil se ha implementado en casi todo el territorio nacional la tecnología 5G, habilitando tanto a actores públicos como privados a brindarla a la población.

La Administración actual ha dado pasos importantes para fomentar la competencia en el mercado de telecomunicaciones, como la introducción de la portabilidad numérica lo que ha permitido una reducción en los precios beneficiando tanto a los usuarios como a las empresas. Además, ANTEL ha ampliado su oferta de servicios, mejorando la capacidad de la red y colaborando en la instalación de nuevas radiobases en zonas rurales.

El desafío futuro es consolidar a Uruguay como un líder en telecomunicaciones, donde los servicios de calidad no solo mejoren la vida de sus ciudadanos, sino que también potencien las oportunidades laborales y faciliten la inserción de las empresas en el mercado global. Esto requerirá un entorno competitivo dinámico, en el cual ANTEL continúe desempeñando un rol protagónico como actor innovador y eficiente.

TELECOMUNICACIONES

1.     IMPULSO A LAS TELECOMUNICACIONES
	Ley de Telecomunicaciones
	DINATEL como responsable de políticas públicas
	Antel como protagonista de la innovación del sector
2.     DIGITALIZACION
	Modernización de la legislación y reglamentación digital
	Desarrollo de un Uruguay digital seguro

1. IMPULSO A LAS TELECOMUNICACIONES

A.  Ley de Telecomunicaciones

La discusión parlamentaria sobre la Ley de Medios, ha evidenciado cómo los argumentos, tradicionalmente vinculados a los medios de comunicación, se han entrelazado con cuestiones referentes a las telecomunicaciones.

Los desafíos que enfrentan las autoridades para legislar respecto del veloz cambio de los avances tecnológicos obligan a pensar en un marco legal integral de telecomunicaciones que considere a todos los actores involucrados y pueda adaptarse estos cambios. Impulsaremos una Ley de Telecomunicaciones, que procurará dar un marco estable sobre el futuro de las telecomunicaciones en el país en aspectos como la neutralidad de la red, la reglamentación de calidad de servicios y la subasta de segmentos del espectro entre otros.

B.  DINATEL cómo responsable de políticas públicas

Si bien ANTEL ha cumplido históricamente un rol relevante en la provisión de infraestructura de telecomunicaciones a nivel nacional, en ocasiones ha excedido su rol como empresa pública, transformándose en un hacedor de política.

Para evitar la distorsión planteada, se evaluará el actual marco institucional delimitando los cometidos de cada actor público involucrado, a efectos de asegurar la  correcta ejecución de roles. En dicho sentido, apuntamos a delimitar a DINATEL como formulador de la política de telecomunicaciones, a URSEC como regulador del mercado y a ANTEL como la empresa que presta los servicios.

C.  ANTEL como protagonista de la innovación del sector

Más allá de su rol cómo proveedor de infraestructura, ANTEL debe seguir teniendo un rol protagónico en el ecosistema nacional de IT, en particular en el desarrollo de servicios de vanguardia tecnológica. Impulsaremos acuerdos con distintos actores privados donde Antel actúe activamente como socio, siempre que lo permita su regulación actual.

2. DIGITALIZACIÓN

A.  Modernización de la legislación y reglamentación digital

En el contexto de la cuarta revolución industrial, caracterizada por la digitalización completa de las cadenas de valor y la integración de tecnologías avanzadas, es esencial que Uruguay modernice su legislación digital. Inspirados en las experiencias de Europa y Estados Unidos, debemos crear una legislación que contemple la privacidad, la libertad de expresión, el acceso igualitario a la tecnología, la transparencia de los procesos automatizados y la protección contra los monopolios tecnológicos. Este marco conceptual se complementará con la normativa existente en protección de datos y nuevas regulaciones que fortalezcan la confianza, seguridad y derechos en el entorno digital.

B.   Desarrollo de un Uruguay digital seguro

Promoveremos una actualización de la legislación que promueva la ciberseguridad y la protección de los activos de información del Estado. Se hace necesaria la revisión de la legislación penal en la materia. En la actualidad es notorio que nuestro país ha sido testigo de diversos ataques en la materia que han tenido como víctimas, desde empresas hasta legisladores y un sin fin de ciudadanos en general. (Ver Capítulo Seguridad Publica y Sistema penitenciario)

De la misma manera es necesario desarrollar y jerarquizar la institucionalidad existente en nuestro país bajo la órbita de la AGESIC, como el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad (CERTuy) o el Consejo Asesor Honorario de Seguridad de la Información (CAHSI) a fin de fortalecer a la agencia en estos aspectos estratégicos de vital importancia, mediante la implementación de políticas, metodologías, mejores prácticas, regulación y fiscalización en materia de seguridad de la información y ciberseguridad. Lo propio deberá hacerse con el Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática en Defensa (E-CSIRT) bajo la órbita ministerial respectiva.