SEGURIDAD, DEFENSA Y SOBERANIA

SEGURIDAD PÚBLICA Y SISTEMA PENITENCIARIO

La seguridad pública constituye uno de los pilares fundamentales de la convivencia social y paz individual de nuestra sociedad, significando fundamentalmente el libre ejercicio de los derechos y libertades. En las últimas décadas, la expansión del narcotráfico y del crimen organizado ha convertido a América Latina en la región más violenta del mundo. Aunque la población de la región representa sólo el 8% de la población mundial, sufre alrededor de un tercio de los homicidios globales. Además, muchos países de la región enfrentan fenómenos delictivos graves y poco frecuentes en Uruguay, como secuestros, extorsiones y una corrupción rampante en el ámbito político y local.

A pesar de que Uruguay todavía mantiene niveles delictivos medios en comparación con el resto de los países de la región, los mismos siguen siendo muy altos comparativamente con los países desarrollados. Entre 2005 y 2019, se observó un aumento considerable de la violencia y la criminalidad, con incremento constante en casi todos los delitos. En dicho período, los homicidios rapiñas y hurtos alcanzaron niveles históricos. Por ejemplo, las rapiñas pasaron de poco más de 8000 por año a fines del 2004 a una cifra de más de 30.000 a fines del 2019. De manera similar, los homicidios se duplicaron en el mismo periodo.

Gracias a políticas de seguridad efectivas, el actual gobierno ha logrado revertir tendencias de criminalidad que habían estado en aumento durante más de una década. En 2023, se registraron disminuciones significativas en los delitos:  una caída de 26.9%  de las rapiñas,  del 19.5% de hurtos y del 50% de abigeato, con respecto a 2019. En cuanto a los homicidios, se lograron mantener en números similares a los de 2019.

Lejos de ser fortuitos, los logros alcanzados durante este periodo de gobierno son el resultado de un cambio de paradigma en seguridad pública, orientado a fortalecer tanto las capacidades preventivas como represivas del Ministerio del Interior. Esta administración lanzó la Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva, que incluye 16 medidas de carácter preventivo e interinstitucional con el objetivo de involucrar a otros organismos del Estado en la prevención de las causas directas del delito. Entre estas iniciativas se destacan la mejora de las estadísticas criminales y el uso de datos abiertos y encuestas de victimización, la creación del Centro de Referencia de Políticas Sociales “Aparicio Saravia”, el lanzamiento del programa focalizado en prevención de homicidios “Barrios sin violencia” y la expansión de la Policía Comunitaria Orientada a Problemas (PCOP). Además, se está trabajando en el diseño de la Estrategia Nacional de Reforma del Sistema Penitenciario.

Cabe destacar también un claro fortalecimiento de los recursos humanos y materiales de la Policía Nacional. Entre 2019 y 2024 se incorporaron 3.725 funcionarios policiales ejecutivos, se inauguraron o reformaron 146 dependencias policiales en todo el país, se construyeron 3.970 plazas carcelarias y se adquirieron 1.236 vehículos, 19.000 chalecos antibalas y 7.452 cámaras de videovigilancia. Estos recursos han permitido aumentar el número de operativos y allanamientos, así como aumentar y mejorar las investigaciones criminales, las bocas desarticuladas, la cantidad de drogas incautadas y los procesamientos con y sin prisión.

Por otro lado, la situación de nuestro sistema penitenciario sigue siendo urgente y crítica. El hacinamiento y las condiciones precarias de las instalaciones atentan contra la dignidad humana y posibilidades de rehabilitación de nuestras PPL. Esta realidad pone en riesgo la inseguridad física, salud mental, salubridad y violencia tanto para nuestras PPL como para el personal carcelario. Además, esta se expande por fuera de los recintos penitenciarios, repercutiendo en un aumento de la violencia fuera de los mismos. Es impostergable realizar cambios institucionales y de políticas públicas específicas que permitan convertir a nuestro sistema penitenciario en uno que realmente garantice la seguridad física y mental de las personas privadas de libertad, que conduzca a la rehabilitación y reinserción en la sociedad de quienes pasen por él.

Nos encontramos lejos de alcanzar cifras de seguridad y rehabilitación que consideramos aceptables para nuestro país, debiendo continuar con la implementación de cambios que permitan continuar con la mejora real de nuestra seguridad. Queremos una sociedad pacífica e integrada, protegida por fuerzas de seguridad eficientes y profesionales. Un Estado eficiente en la lucha contra el crimen organizado, presente en la prevención y tratamiento de adicciones, con un sistema penitenciario que rehabilite a las personas penadas bajo su cuidado.

SEGURIDAD PUBLICA Y SISTEMA PENITENCIARIO

1.     PREVENCION INTEGRAL
  Concreción de política de saturación para NNA con familiares directos involucrados en el delito
Articulación con el sistema educativo: educación segura y preventiva
Tratamiento de adicciones
Barrios sin violencia
Policía Comunitaria Orientada a Problemas (PCOP)
Encuestas nacionales de victimización
Aumento de mesas de seguridad y convivencia ciudadana
2.     REPRESION DEL DELITO
  Respaldo al funcionario policial en el cumplimiento de la ley
Fortalecimiento de las comisarias
Expansión del sistema de videovigilancia
Lucha contra el ciberdelito
3.     LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO Y LAVADO DE ACTIVOS
  Auditoria Nacional de Seguridad y estrategia nacional contra el crimen organizado
Blindaje de nuestras fronteras con apoyo militar
Prevención del lavado de activos: prioridad de primer orden
Realización de allanamientos nocturnos
4.     PROFESIONALIZACION POLICIAL
  Aumento de sueldos policiales
Fortalecimiento de seccionales policiales y guardia republicana con 1500 nuevos efectivos
Mejoras en formación policial
Diploma de especialización en investigación criminal
Reforma de Dirección de Asuntos Internos
Política integral de salud mental para funcionarios policiales
Aumento de planes de vivienda para funcionarios policiales
5.     SISTEMA PENITENCIARIO
  Implementación de la estrategia nacional de reforma del Sistema Penitenciario
Descentralización del Sistema Penitenciario
Realización de concursos para seleccionar a las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación y las unidades penitenciarias
Impulso a las cárceles de modalidad mixta
6.     FUNCIONAMIENTO JUDICIAL
  Creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Mejoras al funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación
Revisión del Código del Proceso Penal
  1. PREVENCION INTEGRAL
  1. Concreción de una política de saturación social para niños, niñas y adolescentes con familiares directos involucrados en el delito
    Reconociendo que la presencia de familiares directos involucrados en delitos constituye un factor de riesgo para que una persona pueda incurrir en futuras actitudes violentas o hechos delictivos, implementaremos una política de saturación social para niños, niñas y adolescentes (NNA) en situación de vulnerabilidad. Este sistema de prevención del delito asegurará que los NNA con familiares directos involucrados en el delito reciban una contención integral e interinstitucional, inmediata y sostenida.
    La estrategia se basará en acciones articuladas de las instituciones públicas con competencias específicas y coincidentes, y en colaboración con entidades de la sociedad civil organizada. Según las necesidades de cada caso, se podrá incluir un tutor particular, acompañamiento personalizado educativo y psicosocial, así como el posible traslado a un centro o familia de acogida, entre otras acciones específicas.
  2. Articulación con el sistema educativo: educación segura y preventiva
    Diversos estudios locales e internacionales demuestran una relación causal entre el miedo a la violencia o al delito, y la permanencia en la educación formal.[1] Por esto, implementaremos una política de seguridad focalizada en los centros educativos de contexto crítico, con el objetivo de que se conviertan en los ambientes más seguros y protegidos de sus respectivos barrios. A través de la instalación de tecnología —controles de acceso, alarmas y cámaras de videovigilancia— y la asignación de unidades permanentes de la Policía Comunitaria Orientada a Problemas (PCOP), buscaremos que los niños, niñas y adolescentes perciban a sus centros educativos como lugares de cobijo y protección, alentándonos a permanecer en ellos el mayor tiempo posible.
    A su vez, en el marco de la Transformación Educativa y en coordinación con las iniciativas que ya se implementan actualmente, incluiremos un módulo de educación preventiva para la violencia y el delito, con el cual se incorporarán contenidos educativos dirigidos a formar a NNA en resiliencia, educación emocional y liderazgo, con el objetivo de prevenir delitos y violencias que los afectan específicamente. Entre las temáticas que se incluirán están las siguientes:
    -Violencia doméstica y basada en género y generaciones
    -Consumo de sustancias psicoactivas
    -Conductas sexuales de riesgo y violencia sexual
    -Violencias en el ámbito escolar y barrial
    -Acoso presencial y virtual
    -Involucramiento en actividades criminales y mercados ilegales
  3. Tratamiento de adicciones
    El uso problemático de drogas (UPD) es, en primer lugar, un problema sanitario, pero también tiene consecuencias directas e indirectas para la seguridad pública. De hecho, el UPD es un factor clave en muchas de las transgresiones delictivas y de las dificultades de las personas liberadas para no reincidir. Por ejemplo, se estima que el 41 % de los hombres privados de libertad en Uruguay cometieron el delito por el que fueron formalizados bajo los efectos de alguna sustancia y el 67 % de ellos considera que no lo hubiera cometido de no haber estado bajo sus efectos.
    Actualmente, los servicios públicos que tratan el consumo problemático de sustancias de manera específica son limitados. Por eso proponemos una serie de medidas para ampliar y mejorar la cobertura en atención y tratamiento de adicciones en todo el país [ver capítulo «Salud»].  En especial, destacamos la creación de 10 centros de rehabilitación y tratamiento, que se instalarán implementando la modalidad del Plan CAIF. Esta modalidad ha demostrado generar buenos resultados, a partir del accionar conjunto del Estado con la sociedad civil organizada. Los centros contarán con el apoyo directo de ASSE, el MSP, el Mides, la ANEP y la Junta Nacional de Drogas.
  4. Barrios sin violencia
    Continuaremos impulsando el programa “Barrios sin Violencia”, una política piloto de intervención comunitaria para la prevención de la violencia, implementada de manera conjunta con organizaciones de la sociedad civil. Este programa despliega equipos comunitarios encargados de interrumpir las dinámicas violentas y mediar en conflictos.
  5. Policía Comunitaria Orientada a Problemas (PCOP)
    Fortaleceremos a la Policía Comunitaria Orientada a Problemas, incentivando el enfoque proactivo en la prevención del delito, con una perspectiva interinstitucional y con propuestas de trabajo focalizadas. La función policial debe ser un servicio público dirigido a la población, por ello es por lo que se requiere continuar con esta política de policía de cercanía. Ello incrementa, además de lo expresado, la confianza y la colaboración de la ciudadanía.
  6. Encuestas nacionales de victimización
    Las encuestas nacionales de victimización son un instrumento esencial para recolectar información y brindar un conocimiento y medición más profundos de la violencia, la delincuencia y sus consecuencias. Además de datos sobre hechos delictivos, también permiten conocer aspectos subjetivos de la población, en base a sentimientos de inseguridad en sus barrios, etc. Estas encuestas complementan los datos proporcionados por el Ministerio del Interior. Nos comprometemos a continuar desarrollando esta herramienta, garantizando su financiamiento y generando el marco normativo que permita su ejecución periódica y estandarizada a nivel nacional.
  7. Aumento de mesas de seguridad y convivencia ciudadana
    Impulsaremos la creación y fortalecimiento de mesas de seguridad y convivencia ciudadana. Estas mesas actuarán como espacio de interacción y diálogo, reuniendo a comisarios, oficiales de policía comunitaria, autoridades locales, líderes barriales y vecinos. Las reuniones se llevarán a cabo mensual o bimestralmente según las necesidades específicas de cada área, y se enfocarán en identificar y abordar problemas de seguridad local.
    A través de estas mesas, se definirán posibles líneas de acción y se evaluará la efectividad de las medidas implementadas en encuentros anteriores. El objetivo será adaptar y mejorar continuamente las estrategias de seguridad para el beneficio de la comunidad.
  1. REPRESION DEL DELITO
  1. Respaldo al funcionario policial en el cumplimiento de la ley.
    Los funcionarios policiales, como defensores de la ley, enfrentan desafíos diarios en el desempeño de su labor. Debemos garantizarles un respaldo firme y claro, comprometiéndonos a defender la aplicación de todas las herramientas legales a su disposición en su lucha contra el delito, incluyendo especialmente los mecanismos previstos en la Ley de Urgente Consideración (LUC), para un ejercicio contundente de su función, particularmente en lo que implica la resistencia delictual. Nos comprometemos a llevar adelante una lucha frontal contra el delito, enfocada en el hostigamiento del movimiento criminal, para que los delincuentes sientan una presión constante de una policía operativa y presente en todo el territorio.
    Además, fortaleceremos el apoyo político e institucional a su labor, articulando políticas de consenso que involucren a toda la administración pública, y particularmente la Fiscalía, para que puedan ser respaldados en su labor. Finalmente, defenderemos la labor del funcionario policial por medio de campañas de comunicación donde se resalten los logros alcanzados y el sacrificio diario que realizan los mismos como protectores de nuestra sociedad.
  2. Fortalecimiento de las comisarías
    Dotaremos a las comisarías de recursos humanos necesarios para su correcta operativa, como una medida vital en la lucha contra el delito y la mejora de la seguridad pública. Este aumento de personal será acompañado de un diagnóstico de las funciones y trámites que cumplen actualmente, buscando impulsar la mayor digitalización de los mismos, y asignando al personal hacia tareas operativas más críticas.
    Esta estrategia incluye un aumento significativo de la capacidad de respuesta policial en localidades y barrios.  Esto requiere ampliar sus capacidades de acción territorial, incrementando el número de funcionarios y vehículos disponibles, adoptando un sistema de mayor presencia en los barrios, y descentralizando el funcionamiento policial para dotarlas de capacidades operativas reales.
  3. Expansión del sistema de videovigilancia
    Para combatir el delito de manera efectiva, es vital contar con las mejores herramientas de vigilancia y persecución del mismo. En este contexto, la videovigilancia se presenta como una herramienta fundamental y con alto impacto. Su avance en los últimos años ha logrado cambios positivos, demostrando ser extremadamente útil tanto para la prevención cómo la persecución del delito, permitiendo esclarecer numerosos incidentes en espacios públicos y atrapar a infractores. Convencida de este camino, la presente administración ha instalado más de 7000 cámaras de vigilancia en los últimos años.
    Proponemos continuar y ampliar sustancialmente las cámaras de video vigilancia que tiene nuestro país, con una estrategia a desarrollar a lo largo del próximo quinquenio. Dado el abaratamiento de la tecnología y el avance de nuevas herramientas informáticas de inteligencia artificial y análisis de imagen, priorizaremos la incorporación de las mismas para potenciar su impacto en la prevención y persecución del delito. Enfocaremos su instalación y mantenimiento en base a datos delictivos georeferenciados, dentro de una estrategia clara y decidida de lucha contra el delito en la vía pública.
  4. Lucha contra el ciberdelito
    La reciente aprobación del proyecto de ley de Ciberdelitos es una noticia de gran relevancia que dotará a la fuerza pública de eficaces y modernas herramientas penales para la persecución de este delito que ha causado estragos en la sociedad y cuyos efectos lamentablemente vemos en la prensa a diario. Se han tipificado delitos fundamentales tales como el acoso telemático, el acceso ilícito a datos informáticos, el daño informático, el fraude informático y la suplantación de identidad, entre otros. Además, se ha instituido un Registro de Ciberdelincuentes.
    La siguiente etapa, que acometemos en el próximo período de gobierno, es reglamentar la ley y garantizar su efectiva aplicación, dotando a la Policía de las herramientas más modernas para ello, fortaleciendo la actual Unidad de Cibercrimen. También avanzaremos en la tipificación de nuevos delitos para acompañar esta área de creciente preocupación, cómo phishing, hacking, keylogging, etc. Para acompañar esta tipificación de nuevos delitos crearemos una Fiscalía Especializada en Ciberdelitos para poder tratar adecuadamente estos temas técnicos.
    Finalmente, ratificamos todos nuestro compromiso de adhesión al Convenio contra la Ciberdelincuencia de Budapest de manera prioritaria, tratándose del ámbito de mayor cooperación internacional y desarrollo de mejores prácticas en la materia y, mandando un mensaje claro a la comunidad internacional de nuestro compromiso de lucha contra esta modalidad. Una vez adherido al mismo, nos comprometemos a implementar dichas prácticas de manera activa y armonizar las normativas locales.
  1. LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO Y LAVADO DE ACTIVOS
  1. Auditoría nacional de seguridad y estrategia nacional contra el crimen organizado
    Con la asistencia de la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc) desarrollaremos una Auditoría Nacional de Seguridad a escala local, departamental y nacional. Esta herramienta metodológica, similar a las auditorías locales de seguridad que la UNODC[2] está implementando en ciudades y municipios de México, nos permitirá una comprensión detallada para elaborar un diagnóstico exhaustivo e interinstitucional de las debilidades relacionadas con la delincuencia organizada en nuestro país. Este diagnóstico integral sería el primero de su tipo a escala nacional en América Latina.
    La Auditoría Nacional de Seguridad será el punto de partida para la creación de la primera Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado de nuestro país. Esta estrategia implicará la colaboración operativa de todos los organismos estatales relevantes. Una po- lítica de naturaleza interministeria enfocada especialmente a la prevención y el combate de distintas modalidades de crimen organizado:
    -Narcotráfico y narcomenudeo
    -Tráfico de personas
    -Tráfico de armas
    -Contrabando
    -Cibercrimen
    -Corrupción
    -Lavado de activos
  2. Blindaje de nuestras fronteras con apoyo militar
    Promoveremos una colaboración más activa de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y en la vigilancia de nuestras fronteras terrestres, marítimas y aéreas. En el ámbito terrestre, fortaleceremos los controles fronterizos mediante la mejora de los sistemas de vigilancia y la implementación de tecnología. Respecto al control del espacio aéreo, realizaremos un diagnóstico exhaustivo del funcionamiento y cobertura de los radares actuales, con el compromiso de aumentar su número para asegurar una cobertura completa del espacio aéreo nacional.
    Con apoyo militar y un sistema de control público-privado, blindaremos el puerto de Montevideo para convertirlo en el puerto más seguro de la región. Aunque nuestro mercado local de drogas es relativamente pequeño, el atractivo de nuestro país para el crimen organizado transnacional se centra en la salida marítima que ofrece nuestro puerto. Fortalecer la seguridad portuaria puede suponer un punto de inflexión para los grupos criminales que trafican estupefacientes, los que, al verse disuadidos, pueden perder interés en el mismo.
    Además de los tres escáneres que se instalaron en junio de 2024 y las más de 100 personas para su control que permitieron ampliar sensiblemente la capacidad de escaneo de contenedores, planteamos un aumento significativo de los controles tecnológicos y humanos de toda la carga que ingresa y sale del puerto. Ello se conseguirá con la ayuda de personal del Ministerio de Defensa y de las empresas de carga y transporte, con las cuales se desarrollará un sistema integral de incentivos y sanciones.
  3. Prevención del lavado de activos: prioridad de primer orden
    Uruguay, como el resto de los países de la región y el mundo, enfrenta el desafío del lavado de activos, una cuestión fuertemente vinculada con el aumento del narcotráfico. Transformaremos la prevención del lavado de activos en una prioridad de primer orden, implementando una batería de medidas para ello.
    -Convertiremos a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) en un servicio descentralizado con la estructura necesaria para cumplir de mejor forma sus cometidos.
    -Jerarquizaremos a la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos y a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay, dotándolas de los recursos necesarios para cumplir con sus cometidos.
    -Crearemos la Dirección General de Lucha contra el Lavado de Activos en la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional.
    -Estableceremos un programa de capacitación específico y permanente sobre investigaciones financieras para los funcionarios de estos cuatro organismos.

    Adicionalmente, se debe fortalecer el vínculo con los distintos organismos internacionales de combate contra el lavado de activos y narcotráfico, tales como Interpol y la DEA, entendiendo que este tipo de delitos tienen un carácter transnacional y por lo tanto requieren necesariamente de un combate coordinado entre las distintas fuerzas regionales.

  4. Realización de allanamientos nocturnos
    Los allanamientos nocturnos son una herramienta esencial para la lucha contra el delito. Si el delito opera las 24 horas, el Estado y la policía deben estar preparados para actuar en todo momento. El artículo 11 de la Constitución, vigente desde 1830, establece que «de noche nadie podrá entrar [en el hogar] sin consentimiento de su jefe y de día, solo con orden expresa de juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley». Esto convierte a Uruguay en uno de los pocos países del mundo —junto a Guatemala, Mozambique y Cabo Verde— que prohíben los allanamientos nocturnos por parte de la justicia.
    La actual reglamentación no se ajusta a las necesidades actuales de las fuerzas policiales y del sistema judicial para al perseguir el delito en nuestro país.  Por ello, apoyamos e impulsaremos la iniciativa del plebiscito que permitirá realizar los allanamientos nocturnos, comprometiéndonos a militar la causa hasta su aprobación en octubre de 2024. Esta medida permitirá ahorrar tiempo y recursos, aumentar de forma significativa las probabilidades de atrapar a los delincuentes en el acto y reducir los riesgos de destrucción de pruebas.
    La medida cuenta con las debidas garantías para un implementación clara y transparente, debido a que al igual que durante el día, los allanamientos nocturnos solo podrán realizarse de manera excepcional y con la autorización expresa de un juez, lo que provee las garantías necesarias para una consecución limitada y ajustada a derecho.
  1. PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL
  1. Aumento de sueldos policiales
    Es fundamental recompensar de manera digna a quienes nos protegen y arriesgan su vida en la lucha contra el delito. Nuestra fuerza policial es una de las más respetadas de América Latina, pero los salarios bajos y una capacitación insuficiente la hace poco atractiva para muchos jóvenes interesados en la seguridad pública, que identifican salarios bajos para una carrera con alto riesgo de vida, jornadas largas y sacrificios considerables. Proponemos una mejora sustantiva en las remuneraciones, haciendo énfasis en los sueldos más bajos de los escalafones, donde se concentran la mayoría de los funcionarios.
  2. Fortalecimiento de seccionales policiales y guardia republicana con 1500 nuevos efectivos
    Para fortalecer la presencia permanente de la fuerza pública, reforzaremos la Guardia Republicana y las seccionales policiales de las zonas más conflictivas con 1.500 efectivos. La Guardia Republicana es una herramienta fundamental en la lucha contra el narcotráfico y organizaciones criminales. Como grupo de operaciones encargado de combatir estos grupos, es fundamental dotarla de mayores recursos humanos para un mejor cumplimiento de sus funciones y combatir el delito de mejor manera.
  3. Mejoras en formación policial
    Con el objetivo de mejorar la calidad y preparación de nuestros actuales y futuros policías, nos comprometemos a profundizar la constante formación académica en la Policía Nacional, no solamente en la materia de seguridad, sino apuntando a una policía más formada y capacitada en términos generales

    Formación policial:  nos comprometemos a incrementar la duración de su formación de 650 a 1000 horas. Este aumento permitirá además ampliar la capacitación en áreas clave como Técnicas de Entrenamiento y Armamento Policial, Ciencias Criminalísticas, Defensa Personal, Derecho Penal, Procedimiento Policial, Violencia Doméstica y de Género, así como en los derechos humanos. Además, en los cursos de ascenso de grado, intensificamos la instrucción en estas materias, ofreciendo una educación dinámica y efectiva.

    Formación educativa: Reconociendo que hoy en día la exigencia mínima de ingreso al cuerpo policial es ciclo básico, y considerando que muchos integrantes del mismo no han culminado su educación secundaria, buscamos implementar incentivos para la culminación de la educación secundaria una vez integrados a la carrera policial. Con este fin, se buscará que la continuación y finalización de la educación secundaria otorgue puntos para los concursos de ascenso dentro de la institución policial. Para ello también se estudiará la posibilidad de un liceo particular dentro de la educación policial, para que los mismos puedan completar su educación secundaria en su propio tiempo y complementándose con sus tareas policiales.

    Avanzaremos en requerir que el personal subalterno haya completado la educación media superior para postular a la Policía Nacional, en el entendido de que debe ser el horizonte la formación y capacitación policial.

  4. Diploma de especialización en investigación criminal
    Impulsaremos la creación de un diploma de especialización en investigación criminal, convalidado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y como una continuación de formación de la Escuela Nacional de Policía. Este programa permitirá a policías y fiscales especializarse en áreas como la investigación criminal, criminología, criminalística, formando así expertos altamente capacitados.
    Esta iniciativa no sólo fortalecerá nuestro sistema de justicia, sino que mejorará el diseño e implementación de políticas de investigación criminal. Además, esta especialización desempeñará un papel crucial de articulación entre policías y fiscales, permitiendo un intercambio fluido de conocimiento y comprensión de las lógicas y personas detrás de ambas instituciones.
  5. Reforma de Dirección de Asuntos Internos
    Actualmente, la Dirección de Asuntos Internos tiene la competencia de prevenir los actos de corrupción en el cumplimiento de la función judicial, controlar que el servicio policial se cumpla de conformidad con el orden jurídico e investigar los hechos y actos de apariencia delictiva cometidos por el personal dependiente del Ministerio del Interior.
    Profundizaremos su independencia y autonomía de las jerarquías actuales, dotándola de una estructura que permita garantizar su efectividad, imparcialidad y transparencia en los procedimientos que lleve adelante.
  6. Política integral de salud mental para funcionarios policiales
    Si bien la salud mental es un problema que afecta a toda la sociedad, los funcionarios policiales son especialmente vulnerables a padecer trastornos mentales como estrés, ansiedad y depresión, los cuales a menudo derivan en situaciones críticas, como el suicidio o intentos de autoeliminación. Estos problemas tienen factores multicausales, destacándose el estrés laboral asociado con la lucha contra el delito, exposición a la violencia y el acceso a un arma de fuego, entre otros factores. Por ello, proponemos una Política Integral de Salud Mental Policial, que incluirá las siguientes medidas clave:
    -Desarrollo de una aplicación de Salud Mental, que permite al funcionario policial contactar rápidamente con especialistas de la salud cuando lo precise, especialmente en picos de trastornos mentales.
    -Extensión de los controles de salud mental, asegurando que todos los funcionarios tengan acceso a evaluaciones regulares, situación que no llega a darse.
    -Incremento de la frecuencia de controles de salud mental, apuntando a la exigencia de renovar el carnet de salud policial de manera anual.
    -Implementación de campañas y políticas para eliminar la estigmatización de problemas de salud mental, facilitando que aquellas personas que los padezcan puedan enfrentarlos de manera más abierta.
  7. Aumento de planes de vivienda para funcionarios policiales
    Fortaleceremos programas y planes ya existentes tales como “Entre todos – Sueños en obra” y “Avanzar” flexibilizando los requisitos para ser elegible, para que un mayor número de funcionarios policiales puedan beneficiarse de ellos.
    Además, promoveremos el cooperativismo entre funcionarios policiales, brindando a los primeros escalafones la oportunidad de acceder a una vivienda digna. El cooperativismo es una herramienta esencial para que los funcionarios policiales puedan acceder a mejores y más variadas ofertas habitacionales. Una fuerza policial con vivienda digna es crucial para mejorar su bienestar y desempeño laboral, lo que contribuye a una mejor seguridad pública.
  1. SISTEMA PENITENCIARIO
  1. A. Implementación de la estrategia nacional de reforma del Sistema Penitenciario
    Nuestro país precisa una estrategia nacional de reforma del sistema penitenciario a largo plazo, basada en un diagnóstico claro, apoyada por el sistema político y ejecutada de manera eficiente. Esta estrategia está siendo desarrollada actualmente por el Ministerio del Interior; tiene como objetivo diseñar una política de reforma del sistema penitenciario a largo plazo y reducir la reincidencia delictiva. Sus principales ejes de estrategia incluyen:
    -Solucionar el problema del hacinamiento y satisfacer la demanda de plazas a través de la migración paulatina hacia un modelo con mayor cantidad de centros penitenciarios de menor escala que aseguren el control y la atención de los operadores.
    -Incrementar significativamente los recursos humanos para que cada centro penitenciario cuente con personal calificado para contener y rehabilitar a las personas bajo su cuidado.
    -Universalizar los planes de intervención personalizados, con especial énfasis en los ofensores violentos, sexuales y domésticos, y creando dos centros de ingreso, diagnóstico y derivación (CIDD) adicionales, uno en el norte del país y otro para mujeres en la zona metropolitana.
    -Universalizar el acceso a tratamiento médico y de adicciones, determinando que ASSE sea el único prestador de salud y dotando sus servicios de los recursos materiales y humanos necesarios.
    -Fortalecer el sistema de castigo de delitos mediante penas sustitutivas para que este pueda suponer una alternativa viable y efectiva al encarcelamiento, reduciendo costos e impidiendo que personas que cometieron delitos leves entren en contacto con reclusos más peligrosos.
    Nos comprometemos a desarrollar una Estrategia Nacional en base al trabajo actualmente desarrollado por el Ministerio del Interior, para dar una solución real a esta problemática que nuestro país acarrea desde hace décadas.
  2. Descentralización del Sistema Penitenciario
    Nuestro actual sistema carcelario representa una flagrante violación de los derechos humanos debido al hacinamiento, la precariedad de las instalaciones y falta de condiciones de salubridad, lo que contribuye en alarmantes altas tasas de reincidencia. Esta realidad, presente en la gran mayoría de los recintos penitenciarios, impacta gravemente a las PPL y sus seres queridos, así como también al personal policial, administrativo y de salud que trabaja en dichos recintos.
    Las carencias estructurales del sistema penitenciario no pueden superarse mientras que este continúe subordinado orgánicamente al Ministerio del Interior, cuya operativa se centra predominantemente en el control y la represión del delito. Por ello, la ejecución de las políticas del sistema penitenciario debe recaer en un organismo específico, el cual esté libre de lógicas opuestas y tenga como principal objetivo rehabilitar y reinsertar a los penados, reduciendo la reincidencia delictiva.
    Implementaremos una profunda reforma institucional del sistema penitenciario, removiendo al Instituto Nacional de Rehabilitación del Ministerio del Interior y transformándolo en un servicio descentralizado enfocado exclusivamente en la materia. Esta reestructuración permitirá al Ministerio del Interior concentrarse en la prevención y persecución del delito, optimizando sus funciones y recursos.
  3. Realización de concursos para seleccionar a las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación y las unidades penitenciarias
    Con el objetivo de profesionalizar el Instituto Nacional de Rehabilitación, implementaremos un sistema de concurso basado en mérito para seleccionar personal con formación específica. Este proceso será llevado a cabo por un comité de selección técnico que valorará antecedentes educativos y laborales, así como la presentación de una estrategia operativa y de desarrollo institucional que se enmarque en la Estrategia Nacional de Reforma del Sistema Penitenciario.
  4. Impulso a las cárceles de modalidad mixta
    Reforzaremos el modelo mixto ya existente en la creación de nuevos centros penitenciarios en el próximo periodo. El mismo permite al Estado estar en control de las políticas de seguridad, rehabilitación y reinserción de las PPL, mientras que privados se encargan de brindar servicios tales como alimentación, higiene, lavandería y vestimenta, entre otros. Este modelo permite garantizar mejores condiciones edilicias, alimentarias y de higiene  para las PPL que las existentes en la mayoría de los recintos.
    En las últimas administraciones ya se han concretado cárceles de modalidad público-privada con probados resultados que buscamos replicar. Esto permite al Estado concentrarse en las tareas fundamentales, mientras que generará mejoras en las condiciones edilicias de los centros penitenciarios.
  1. FUNCIONAMIENTO JUDICIAL
  1. Creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
    Proponemos la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El mismo no solo estará a cargo de las políticas penitenciarias y la promoción de los derechos humanos, sino que también velará por el correcto funcionamiento del sistema republicano de gobierno, la debida coordinación entre sus poderes, la seguridad jurídica, la transparencia y los mecanismos de contralor.
    El Ministerio de Justicia estará a cargo de fortalecer la administración del sistema de justicia, asistir al Poder Ejecutivo en las relaciones con el Poder Judicial, facilitar el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos, así como promover la modernización de la legislación nacional, entre otras funciones claves. (Ver Capítulo Transparencia)
  2. Mejoras al funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación (FGN)
    La Fiscalía desempeña un papel crucial en la persecución del delito y la administración de justicia, actuando como el brazo judicial que complementa la operativa policial, persiguiendo al delito en el ámbito judicial. Para fortalecer su funcionamiento y mejorar la eficacia en la persecución de sus cometidos, es esencial considerar una reorganización de la estructura de la Fiscalía General de la Nación. Evaluaremos la posibilidad de implementar una dirección colegiada en lo administrativo, para mayores garantías de todos los ciudadanos respetando el mandato constitucional de las funciones inherentes al fiscal de corte.
    Además, revisaremos la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Nación para asegurar el cumplimiento del principio de independencia técnica de los fiscales y establecer un sistema de concursos transparentes y objetivos. Esta revisión incluirá una evaluación de las necesidades materiales actuales, con el objetivo de robustecer los recursos humanos y materiales de Fiscalía permitiendo cumplir con sus cometidos en todo el territorio nacional de manera más eficiente y efectiva.
  3. Revision del Codigo del Proceso Penal
    Llevaremos adelante una revisión del Código del Proceso Penal, para fortalecer los principios constitucionales de debido proceso y la presunción de inocencia. Esta revisión incluirá la evaluación de mejoras como el obligatorio diligenciamiento de la prueba en el caso que la fiscalía solicite como medida cautelar la prisión preventiva.
    La revisión también promoverá mejoras en la reforma del sistema acusatorio introducido en los últimos años. Con estas modificaciones, buscaremos reforzar las garantías de imparcialidad, eficiencia y transparencia, optimizando el funcionamiento de justicia, lo que impactará en el sistema penitenciario y la seguridad general de nuestro país.
    Crearemos la figura del querellante como defensa de la víctima. La misma es una garantía de protección de los derechos de las mismas, no representando costo adicional para el Estado.

[1] Espíndola F., Fuentes, M, Salamano, I. y Tenenbaum, G. (2023). Los obstáculos en el camino al estudio. El mapa de la inseguridad desde las adolescencias de barrios vulnerables a la violencia en Montevideo. El Uruguay desde la Sociología, 20.

[2] Unodc – Auditorías Locales de Seguridad. https://shorturl.at/rzMXZ

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