DESARROLLO ECONOMICO

ECONOMIA

En primer término, corresponde señalar que, durante este período de gobierno, se debieron afrontar circunstancias adversas históricas como la pandemia del Covid 19 que notoriamente complicaron la situación económica y financiera del país. Basta con decir que, irrumpida la pandemia, hubo que asistir, de manera más o menos intensa, al 25% de la población. A su vez, cuando las secuelas de tal situación aún no estaban totalmente cicatrizadas, el país padeció una severa sequía que afectó a muchos sectores productivos. A lo anterior se sumó el efecto adverso sobre la inflación por las políticas aplicadas en los principales países del mundo y, durante más de dos años, pero particularmente en 2023, la importante pérdida de competitividad bilateral con Argentina producto de sus enormes desequilibrios y distorsiones a nivel económico, especialmente monetario.

Pese a lo anterior, y comparando con la situación preexistente a comienzos de la gestión, se ha logrado que la economía creciera a una tasa promedio anual similar a los cinco años previos. Esto es aún más destacable considerando que, durante el primer año y pandemia mediante, el PBI se contrajo 7,4% según las cifras revisadas. Además, se han generado más de 80.000 nuevos puestos de trabajo, que permitieron recuperar los más de 50.000 perdidos entre 2015 – 2019, al tiempo que ha aumentado el ingreso de las familias. Ello se dio en un contexto de inflación a la baja, con un apreciable aumento de la inversión extranjera y con un manejo financiero que permitió el acceso a la mejor nota crediticia de la deuda pública que Uruguay alcanzó en su historia.

Sin embargo, estas mejoras no son suficientes para revertir la tendencia de la última década donde, una vez pasados los efectos de las reformas de los 90 y primeros años de este siglo, está signada por un crecimiento a tasas muy bajas, insuficientes para generar los recursos necesarios que financien políticas públicas vigorosas que reduzcan situaciones de vulnerabilidades existentes. Por tanto, es imprescindible llevar a cabo una agenda que enfocada en lograr un crecimiento sostenido a mayores tasas para acceder a mejoras en el bienestar de la población, que finalmente haga posible el mandato batllista de crecer velando por un progresivo avance en la igualdad de oportunidades y la satisfacción de las necesidades básicas de todos los uruguayos.

Desde nuestra perspectiva humanista, republicana y transformadora -la traducción del batllismo en el Siglo XXI-, entendemos que el camino en el sentido referido parte de un paradigma con foco en mantener equilibrios fundamentales en las múltiples dimensiones involucradas en el diseño de políticas públicas.

El primero de los equilibrios a contemplar es el de crecimiento e inclusión, en el sentido de no dejar a nadie por fuera del camino del desarrollo. Las tensiones que se generan cuando el énfasis se sesga sobre la eficiencia y el crecimiento sin atender la cohesión social, han sido expuestos de forma muy clara recientemente con crisis sociales e institucionales en países cercanos. El ritmo con que las mejoras se distribuyen siempre está sujeto a acciones de política económica. Asimismo, las experiencias de fervor redistributivo de los populismos, se autodenominen de izquierda o derecha, han oficiado en tiempo real como potentes recordatorios de los peligros a que nos conducen las políticas voluntaristas, sin base en la razón. Se destruye la estabilidad y la certidumbre en las reglas de juego y, por ende, se desploma la inversión privada y, con ella, la creación de valor y empleo. Entonces, nuestra propuesta se basa en avanzar con políticas que combinen el remover las trabas para el crecimiento económico con un fuerte énfasis en políticas sociales adecuadas, con un diseño moderno que coloque los incentivos correctos para que los habitantes logren progresar sin depender de dádivas.

En pocas palabras, como ha sido la esencia del Partido Colorado y el Batllismo se procura un Estado que provea las condiciones esenciales para el desarrollo personal de los ciudadanos, que impulse la inversión privada en todos los órdenes de la vida, creadora de conocimiento, empleo, cultura y bienestar, al tiempo que vela y trabaja por la igualdad de oportunidades en la sociedad.

El punto anterior nos trae al necesario balance entre Estado y mercado. El Estado debe dejar espacio para que el sector privado florezca como motor principal del crecimiento. Es la iniciativa privada quien genera la riqueza y, a partir de ella, brinde los recursos para que el Estado diseñe e implemente políticas sociales que disminuyan las diferencias y permitan a la gente su progreso. Ha sido habitual observar en los gobiernos de la oposición actual, obstáculos a la actividad empresarial con prácticas de gobierno como impuestos encubiertos, excesos de regulaciones, lentitud en procesos, aprobaciones de permisos, o la permisividad ante abusos de algunos sindicatos en disputas laborales. Sin embargo, nuestro partido ha defendido históricamente hay sectores donde la presencia del sector público es imprescindible, como en salud, educación, justicia, seguridad interna y externa, y en infraestructura básica central o en lugares distante de centros urbanos donde el interés privado es insuficiente, pero las obras son imprescindibles para el desarrollo y una mejor calidad de vida.

En ocasiones es relevante que el Estado tenga un rol regulador, especialmente cuando hay limitaciones de competencia, en mercados específicos. La función reguladora normativa y de control debe propender al ejercicio de la libre competencia, reduciendo barreras y costos al acceso de nuevos prestadores. Debe evitarse -algo característico-, que la regulación, dados los costos que impone, limite la competencia e impida el desarrollo de las pequeñas o nacientes empresas.

En el mismo sentido, Uruguay necesita revalorizar el estudio de retorno social de los proyectos, para evitar inversiones innecesarias y minimizar los riesgos de sobrecostos. No es aceptable que el país destine recursos en inversiones ruinosas o que constituyen enormes subsidios a privados a costa de la población en su conjunto.

EL IMPULSO PARA UN MAYOR CRECIMIENTO SOSTENIDO: Se requieren acciones en diversos planos que permitan que Uruguay triplique su tasa de crecimiento de la última década (1,1% anual). El país cuenta con dos activos fundamentales en este proceso: su calidad institucional y la estabilidad de las reglas del juego. Sobre ellos, las bases del crecimiento corren por andariveles de corto plazo por un lado y de mediado y largo por otro. Para el corto plazo es esencial la apertura comercial al mundo, en conjunto con Finanzas Públicas sólidas, la simplificación regulatoria y la eficiencia administrativa son claves. Entre corto y medio plazo el desarrollo de infraestructura básica (puertos, carreteras, puentes, energía, telecomunicaciones) es central y, a medio y largo plazo, en un mundo donde cada día se valora más el conocimiento y las tareas “repetitivas” son sustituidas por la tecnología, la educación que posibilita a las personas la verdadera libertad resulta el factor determinante.

Lograr una senda de crecimiento equilibrada, para un país con un mercado doméstico tan pequeño, se sustenta necesariamente en el sector externo. En los últimos 20 años Uruguay ha ido concentrando y primarizando su canasta exportadora. Las exportaciones manufactureras o de alto valor agregado, motor fundamental de desarrollo en países emergentes de alto crecimiento (Corea del Sur, República Checa, Taiwán, entre otros), se encuentran en nuestro caso en un largo proceso de considerable declive como proporción del producto nacional.

Los desafíos de competitividad y altos costos son complejos y abarcan distintas dimensiones: la provisión de servicios públicos, problemas de concentración de mercado y prácticas que distorsionan los precios y la eficiencia económica. Además, la tributación elevada sobre el comercio exterior a través de aranceles, tasas, precios, regulaciones y restricciones, incrementan los costos tanto para consumidores como para exportadores, debilitando la posición competitiva del país en los mercados globales. Por esto Uruguay necesita un conjunto de reformas microeconómicas en pro de la eficiencia y una tributación que favorezca competencia. Estas acciones son analizadas en otros capítulos

ECONOMIA

1. ORDEN FISCAL Y EFICIENCIA ESTATAL
	Diseño del Poder Ejecutivo
	Simplificación regulatoria
	Digitalización
	Racionalización de la plantilla del Estado
	Ingreso y ascenso por concurso en todo el Estado
	Lucha contra el ausentismo
	Manejo prudente del gasto público
	Reglas para la ejecución presupuestal
	Agencia de infraestructura
	Bonos de impacto
	Reducción del déficit fiscal
	Atraso cambiario
	Mejora de la institucionalidad fiscal
	Cuidado del ambiente
2. POLITICA TRIBUTARIA
	IRPF
	IASS
	IRAE
	IVA
	Alivio fiscal a Pymes
	Alivio fiscal al agro
	Impuesto Mínimo global
3. PROMOCION DE INVERSIONES
4. POLITICA MONETARIA
	Inflación
	Letras de Regulación Monetaria
5. SISTEMA FINANCIERO
	Banca abierta y portabilidad financiera
	Fortalecimiento de organismos vinculados a la prevención y represión al lavado de activos y financiamiento del terrorismo
	Fortalecer Comisión de Promoción del Mercado de Valores
	Financiamiento de PyMes
	Impulso a las Fintech
6. EMPRESAS PUBLICAS
	Gestión Profesional y claridad de subsidios
	Integración y fusión de empresas
	BROU Y BHU
	Desmonopolizaciones
	BSE
	ANCAP
	Fortalecimiento regulatorio
	Racionalización de subsidiarias
	Tarifas públicas
	Mercado de energía eléctrica
	Descarbonización
7. SISTEMA PREVISIONAL
	Reforma Jubilatoria
	Plebiscito del PIT-CNT

ORDEN FISCAL Y EFICIENCIA DEL ESTADO

Diseñaremos e implementaremos -como política pública con meta quinquenal- un sistema permanente de reforma y mejora de la gestión pública, acorde a parámetros de reducción de costos innecesarios que posibiliten una mejor calidad de servicio.

Hoy el Estado presenta una estructura ministerial fragmentada, procesos de decisión con objetivos y resultados difusos, muchas veces contradictorios entre si, falta de coordinación entre organismos, duplicaciones de esfuerzos y recursos utilizados en tareas no sustantivas.

Se requiere entonces de agilidad y eficiencia, de focalización en los cometidos sustantivos coordinados y una gestión moderna y orientada a resultados. Para ello se necesita impulsar una reforma organizativa que modernice el aparato estatal, dotándolo de mayor flexibilidad. Ésta no puede realizarse toda de una sola vez y, por ello, nuestra propuesta se basa en avances a nivel de instituciones individuales. La orientación a resultados y la obligatoriedad de medirlo, serán la base de todo el proceso.

Diseño del Poder Ejecutivo
Evaluaremos la actual formulación de las competencias ministeriales, apuntando a su racionalización, eliminado redundancias y generando sinergias. El resultado del análisis podrá determinar niveles de coordinación que aparejen una reestructura institucional. A vía de ejemplo, en este programa se promueve la fusión del MVOT con el MIDES. (Ver Capítulo Vivienda)
Simplificación regulatoria
Crearemos una Comisión de Simplificación Regulatoria, que revisará y evaluará regulaciones existentes, con el objetivo de identificar aquellas que deban simplificarse, actualizarse o directamente eliminarse. Buscamos fundamentalmente eliminar trabas burocráticas que encarecen la producción nacional, limitan la competencia en el mercado perjudicando al consumidor e impiden que las pequeñas y medianas empresas se desarrollen al imponerles altos costos fijos para el mero cumplimientos de formalidades innecesarias
Digitalización
Estableceremos una hoja de ruta para digitalizar la mayor cantidad de trámites estatales y concentrarlos en plataformas que unifiquen y simplifiquen, reduciendo costos para los ciudadanos y empresas. Especialmente, innovaremos en la utilización de inteligencia artificial en el sector público a efectos de optimizar la provisión de servicios estatales y reducir los tiempos de la burocracia.
Racionalización de la plantilla del Estado
Según datos de la Oficina del Servicio Civil, esta Administración culmina su gestión con casi 310.000 funcionarios públicos, prácticamente con la misma cantidad que inició. A éstos debemos adicionar los dependientes de las Personas Públicas de derecho privado y las SA, Fideicomisos y otras personas jurídicas de propiedad estatal que actúan bajo el derecho privado. Llevaremos adelante un eficaz programa de reducción de funcionarios públicos sin afectar derechos adquiridos, fundamentalmente a través de retiros incentivados y la no reposición de vacantes.
Ingreso y ascenso por concurso en todo el Estado
Impulsaremos la realización de concursos transparentes para el ingreso y el ascenso de los funcionarios públicos como la norma, tanto a escala nacional como departamental. De esta forma, no solo garantizaremos la implementación de criterios más imparciales y transparentes, sino que favoreceremos la profesionalización de la función pública, privilegiando el talento, la vocación de servicio y la motivación del funcionariado.
Lucha contra el ausentismo
El ausentismo laboral genera costos, afecta los servicios prestados y aumenta el trabajo del resto del personal. Las políticas de salud ocupacional, el diseño de los seguros de enfermedad y el oportunismo inciden en el ausentismo laboral. Por eso, promoveremos mejores prácticas de salud ocupacional, con un estricto seguimiento de las licencias médicas, y la extensión del nuevo diseño del subsidio por enfermedad para el sector público.
Manejo prudente del gasto público
La reducción del gasto público innecesario es una premisa fundamental para mejorar la calidad del gasto público, mejorar el tipo real de cambio y la baja de impuestos que castigan al trabajo. Al optimizarse los gastos de funcionamiento del Estado, se generará un margen fiscal que se destinará a aliviar la carga tributaria que recae sobre los ciudadanos y empresas. Entendemos razonable una reducción del gasto real no personal (excluyendo salarios y pasividades) del orden del 10% y su posterior mantenimiento a lo largo del quinquenio.
Reglas para la ejecución presupuestal
Es una mala práctica extendida que los organismos públicos aceleren la ejecución de sus presupuestos durante el último trimestre del año. Esto se hace con el fin de “evitar” la pérdida de los recursos presupuestados, llevando a menudo a un gasto ineficiente y muchas veces innecesario a fin de año. Para contrarrestar esta ineficiencia implementaremos reglas y prácticas que desincentiven y castiguen esta aceleración excesiva en la ejecución.
Agencia de Infraestructura
Se unificarán todas las unidades de infraestructura y departamentos de obras localizadas en las distintas unidades ejecutoras del Gobierno Central y los Organismos del 220 de la Constitución, concentrando todas estas funciones en una única Agencia de Infraestructura, en base a lo establecido en el capítulo de Infraestructura. Esta Agencia estará especializada en contratos, licitaciones y el control de su ejecución. Las políticas y definiciones seguirán siendo determinadas por los distintos Ministerios y Entes, pero la ejecución centralizada estará a cargo de la Agencia. Esto permitirá la optimización y profesionalización de las tareas, constituyendo un ahorro muy significativo. (Ver Capítulo Infraestructura).
Bonos de impacto
Incentivaremos el uso de mecanismos tales como los bonos de impacto, donde la sociedad civil intervenga para atender situaciones en las cuales se requiere una presencia más cercana. Los mismos estarán focalizados en sectores primordiales como enseñanza en general, pero con mayor foco en la enseñanza media básica y superior (liceal y técnica), reconversión laboral, primera infancia (CAIF), privados de libertad y personas en situación de calle, entre otros.
Reducción del déficit fiscal
El desequilibrio fiscal tiene consecuencias relevantes en toda la economía. Reducirlo implica mejorar el tipo real de cambio, a la vez que, a mediano plazo, reducir la carga de intereses que se paga, liberando recursos públicos para atender los fines sustanciales del estado. Para ello, nos proponemos tener un superávit primario compatible con una gradual reducción de la ratio de deuda a PBI.
Atraso cambiario
El atraso cambiario, entre otras causas, tiene predominantemente un origen fiscal. El gasto público influye sobremanera ya que desvía el consumo hacia la demanda interna, encareciendo los precios internos en relación con el tipo de cambio. Nuestra propuesta de reducir el desequilibrio fiscal mediante una disminución del gasto como porcentaje del PBI apunta a mejorar el tipo de cambio real. En cuanto a otros factores, nuestra agenda de simplificación regulatoria, de mejora educativa y de inserción laboral permitirá crecer moderando los costos internos, aliviando de esa forma la presión al fortalecimiento de la moneda. A su vez, se continuará con la reducción de las tarifas en términos reales, en especial las de energía de manera de continuar su alineamiento a precios internacionales, y la inversión en infraestructura básica, telecomunicaciones, energía, vías, puentes y desarrollo portuario, que reducen los costos de producción y transporte, lo que habilita mayor capacidad de competencia. Por último, la eliminación de las Letras de Regulación Monetaria anulará un factor de demanda y revalorización artificial de la moneda uruguaya durante los últimos 20 años.
Mejora de la institucionalidad fiscal
Mantendremos una regla fiscal, y otorgaremos mayor autonomía al Consejo Fiscal Asesor, en consonancia con las buenas prácticas internacionales. Asimismo, como destacara el actual Consejo Fiscal Asesor, es conveniente mantener el resultado fiscal estructural, al menos como una medida que guíe el sentido operacional, más allá del resultado financiero del ejercicio. Además, estableceremos claramente metas anuales del resultado fiscal financiero y estructural que permitan la sostenibilidad de la deuda pública.
Cuidado del ambiente
La sostenibilidad del crecimiento económico requiere del cuidado ambiental, en especial de la preservación de la calidad de los recursos naturales necesarios para la producción nacional Se evaluarán e implementarán medidas que promuevan la compatibilización del cuidado del ambiente con la política económica y financiera, atendiendo los costos derivados para el sector privado.

POLÍTICA TRIBUTARIA

La responsabilidad y austeridad con la que se manejan los fondos públicos tiene un imperativo asociado, el compartir los beneficios del ahorro que se obtenga con los ciudadanos. Además, esto permitirá el acceso a un círculo virtuoso mediante el cual la mayor disponibilidad de recursos genuinos actuará como un incentivo para alcanzar un mayor bienestar y crecimiento económico.

Por eso hemos asumido el compromiso a la baja y adecuación de algunos impuestos, a medida que se alcance la reducción esperada en el déficit fiscal y el resultado financiero sea compatible con la sostenibilidad del gasto y la deuda pública. El manejo responsable no solo garantiza un uso más efectivo de los recursos, sino que también fomenta un círculo virtuoso que impulsa el bienestar y el crecimiento del país.

IRPF
El IRPF es en los hechos un impuesto al trabajo y no un impuesto a la renta. Se considerará la ampliación de las deducciones admitidas, particularmente en las familias con hijos, el incentivo a la formación de los jóvenes y una mejor estructura de tasas, para evitar los saltos abruptos que hoy existen a niveles de ingresos medios.
IASS
El IASS grava el ingreso de aquellas personas que ya tributaron por el ingreso percibido durante su vida activa y ahora deben hacerlo nuevamente al acceder a su pasividad. Continuaremos incrementando el mínimo no imponible, reduciendo la carga financiera a las jubilaciones más bajas. Además, revisaremos y se modificaremos las franjas de aplicación a las tasas progresivas, haciendo el sistema más justo.
IRAE
Se reinstaurará el cómputo de pérdidas por inflación para el cálculo del impuesto y realizarán las adecuaciones para que la tasa efectiva no sea de resultado incierto frente a la estatutaria.
IVA
Quienes actualmente acceden al cobro de prestaciones sociales (MIDES, BPS) por medios electrónicos, pueden efectuar sus compras utilizando una tarjeta o plataforma (mediante una aplicación), con exoneración del IVA en la adquisición de productos de la canasta básica gravados por el impuesto. Proponemos que las propias personas puedan incrementar el monto de su tarjeta de manera de aumentar la compra de bienes accediendo al beneficio de la exoneración del IVA, atendiendo fundamentalmente a las personas de contexto crítico con menores a cargo.
Alivio fiscal PYMEs
Hoy, las PYMEs encuentran en una primera etapa de su desarrollo un régimen tributario favorable que las anima a crecer, el denominado “Literal E”, mediante el cual abonan por concepto de IVA mínimo 4.700 pesos mensuales. Sin embargo, apenas superan un umbral relativamente bajo (7.500 pesos de facturación diaria, es decir una recaudación anual de 305.000 UI), la carga tributaria sube notoriamente a través del régimen de IVA real e IRAE, haciendo que algunos emprendimientos desistan de crecer o pasen a la informalidad.
Para paliar esta situación, crearemos un mecanismo de aterrizaje suave que evite los saltos bruscos en los tributos a abonar. Esto permitirá que la carga fiscal aumente gradualmente a medida que una empresa crece y supera ciertos tramos de ingresos, a la vez que aliviará el impacto inicial del cambio al régimen tradicional, permitiendo una transición escalonada.
Permitiremos también, dentro de límites lógicos, que las empresas que contraten servicios o adquieran bienes a PYMES incluidas en el llamado Literal E y monotributistas, deduzcan esos gastos a efectos de la liquidación del Impuesto a la Renta Empresarial.
Alivio fiscal al agro
Extenderemos los beneficios fiscales de la COMAP a pequeños productores que no tributan IRAE, que son contribuyentes del IMEBA. (Ver Capítulo Agro).
Impuesto Mínimo Global
A nivel mundial progresivamente se está implementando un Impuesto Mínimo Global a las rentas, lo que representa un cambio significativo en los mecanismos y estrategias que utilizan los países para la atracción de inversiones. En Uruguay contamos con distintos regímenes beneficiosos para atraer inversiones y generar empleo que podrían verse afectados.
En respuesta, promoveremos mecanismos alternativos o complementarios de atracción a los existentes para adaptarnos a esta nueva realidad tributaria internacional. En términos de política tributaria internacional se reconoce que los países establezcan medidas compensatorias para evitar o mitigar el impacto negativo de este impuesto, pero no establecer medidas espejo compensatorias que anulen el efecto de la norma. A vía de ejemplo incentivos al empleo, la investigación e innovación, etc. Dado que esta cuestión es reciente y se encuentra evolucionando rápidamente, desarrollaremos un plan para abordar esta eventual situación de manera efectiva.

PROMOCION DE INVERSIONES

Sin inversión no hay crecimiento, sin éste, no mejora del bienestar ni hay recursos para las políticas públicas. Se deberá adecuar el régimen de promoción de inversiones. En particular, se fortalecerán los programas focalizados al desarrollo de sectores innovadores de alto potencial, como los tecnológicos basados en la información, biotech en todas sus ramas y energía Estos programas tienen incentivos que son fundamentales para el desarrollo de industrias con alto potencial de empleo y de generación de valor agregado para nuestra economía. En esa dirección, promoviendo las industrias del conocimiento, adecuaremos nuestra matriz productiva a los requerimientos del futuro.

Resulta evidente que nuestro crecimiento también continuará dependiendo del comercio digital y del intercambio internacional de intangibles (servicios digitales, software, datos, consultorías, compliance, contabilidad, etc.) como ya se está produciendo, por lo que no se contraponen y generan falsos antagonismos entre sectores.

POLÍTICA MONETARIA

Inflación
El mantenimiento de bajos niveles de inflación es un activo de la sociedad a preservar. No existe discusión que la inflación afecta a la población de menores recursos y menos instruida, cargándola con un impuesto injusto. Ante ello, con el costo en materia de competitividad ya asumido, consolidaremos los logros en la materia apoyados en una adecuada coordinación entre la política monetaria, fiscal y de ingresos.
Para ello resulta imprescindible que el BCU siga teniendo como objetivo primordial el cumplimiento de los compromisos que se adopten, frente a la sociedad, en materia de inflación.
Letras de Regulación Monetaria
Reduciremos el circulante de forma progresiva hasta su completa eliminación. De esta forma, resolveremos los problemas estructurales en el patrimonio del Banco Central, permitiendo una mayor efectividad en los instrumentos utilizados para la gestión de la política monetaria. Este instrumento, u otro de similares características, se podrá seguir utilizando por el BCU con el único propósito de ayudar a controlar la liquidez del mercado a corto plazo.

SISTEMA FINANCIERO

La profundidad del mercado financiero contribuye al crecimiento económico de largo plazo y al incremento de la tasa de ahorro, fundamental para que una economía emergente como la uruguaya aumente sus niveles de inversión. Por ende, es un imperativo para el país avanzar en profundizar este mercado. El sistema financiero se caracteriza por estar concentrado principalmente en el segmento bancario, con un mercado de capitales poco profundo.

Por requisitos del Banco Central del Uruguay (BCU), los bancos han adoptado un conjunto de políticas macroprudenciales que disminuyen su exposición al riesgo derivado de los ciclos económicos. En otro orden, el sistema es altamente líquido y una baja penetración del crédito en términos del PBI respecto a otros países similares a Uruguay.

En el mercado de valores se transaccionan principalmente divisas, bonos soberanos uruguayos, algunos fideicomisos y certificados de participación, que son principalmente demandados por las AFAP. La participación de empresas privadas en el mercado abierto es escasa en renta fija y prácticamente inexistente en renta variable.

La actual administración reinstaló la Comisión de Promoción del Mercado de Valores para promover la creación de nuevos vehículos de ahorro e inversión minoristas, con el objetivo de ampliar las opciones para los ciudadanos, permitiéndoles balancear el perfil riesgo-retorno. Esta comisión, en un contexto de otras urgencias, ha avanzado en propuestas como la tercerización de la gestión de fondos de inversión o la posibilidad de que las AFAP inviertan en acciones de empresas uruguayas, pero no han prosperado las iniciativas que dinamicen el mercado y lo vuelvan un canal habitual para canalizar ahorro y financiamiento.

El avance de la digitalización en las operaciones, la interconexión bancaria, el desarrollo del mercado de valores y el acceso a productos financieros es más profundo en otros países de la región que en el nuestro, por tanto, existen en ellos mayores oportunidades. Nuestra historia de inflación crónica desde la década de 1950 hasta fin de siglo, con episodios de crisis financieras profundas y bruscas depreciaciones de la moneda local, propiciaron una dolarización cultural, tanto para transacciones de inmuebles y bienes durables, como para el ahorro.

El ecosistema fintech tiene potencial dinamizador en la medida que las regulaciones lo permitan. De todos modos, se han desarrollado plataformas de crowdfunding, créditos, descuentos de documentos, billeteras e inversiones en criptomonedas. Estos modelos son fácilmente escalables y exportables, donde Uruguay tiene una oportunidad de posicionarse en el mercado global.

Banca abierta y portabilidad financiera
Avanzar en la coordinación entre el sector público y privado en el desarrollo de Application Programming Interfaces (APIs) que permitan a las Fintech contar con interfaces estandarizadas e integradas para tomar esos datos y generar nuevos productos, todo en un entorno de máxima seguridad, prevención del riesgo de ciberdelitos y protección de datos personales.
Proponemos avanzar en la portabilidad financiera, para que los usuarios puedan trasladar sus préstamos, productos y servicios financieros libremente entre instituciones. Además, disponer que las hipotecas y los préstamos a personas sean siempre rescatables (las denominadas callable loans), de manera que se beneficien en su manejo financiero.
Fortalecimiento de organismos vinculados a la prevención y represión al lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT)
Uruguay debe seguir protegiendo su sistema financiero de prácticas ilegales que facilitan el lavado de activos, con las consecuencias indeseadas sobre la reputación del país que esto tiene. En 2023, la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT detectó una serie de riesgos importantes en el país para la prevención de lavado de activos, que deben ser revisados. (Ver Capítulo Seguridad Pública y Sistema Penitenciario).
Fortalecer Comisión de Promoción del Mercado de Valores
El desarrollo de mercados de valores es indispensable para canalizar el ahorro y promover la inversión, por ello vamos a priorizar las tareas de la Comisión de Promoción del Mercado de Valores (CPMV).
La CPMV se focalizará en desarrollar coordinaciones entre el sector público y privado que promuevan actividades y formulen políticas que desarrollen el mercado de valores y capitales. En especial, trabajará en reducir requisitos y costos para la emisión de valores en los mercados de capitales locales, promover el mercado abierto como vehículo de financiamiento en empresas de mediano y gran porte, así como también negociar acuerdos con diversas jurisdicciones (enfocado en las regiones en las que tenemos acuerdos de integración) que permitan a sociedades extranjeras emitir valores en el mercado de capitales uruguayo y dotarlo de mayor atractivo a los inversionistas.
Financiamiento de Pymes
El financiamiento del capital de trabajo es uno de los mayores desafíos diarios que enfrentan las PyMES. Por eso, impulsaremos el desarrollo de instrumentos de financiamiento basados en fintech que sean ágiles y accesibles para los empresarios, al mismo tiempo que ofrezcan seguridad a los inversionistas. Estos instrumentos incluirán opciones de emisión que no requieran licencias, siempre y cuando se mantengan dentro de umbrales razonables.
Impulso a las Fintech
Seguiremos fortaleciendo el marco regulatorio de las transacciones bancarias y no bancarias, para facilitar la aparición de soluciones financieras basadas en tecnología. Estas soluciones reducirán los costos de transacción, ampliarán la inclusión financiera y permitirán canalizar el ahorro hacia actividades productivas.

EMPRESAS PÚBLICAS

Las Empresas Públicas son organizaciones relevantes en el Uruguay, ya que su desempeño y accionar repercuten en forma directa sobre la vida de sus habitantes y la competitividad del país en la medida que proveen servicios esenciales como los financieros, energéticos, portuarios, agua potable y saneamiento por red y comunicaciones.

La Administración debe establecer los objetivos estratégicos y los principales lineamientos para el cumplimiento de sus fines específicos. Sobre esta base, la dirección de las empresas debe centrarse en la provisión de servicios de calidad, a precios razonables para los usuarios, procurando una rentabilidad que esté en consonancia con el capital que administran, de acuerdo con estándares internacionales ajustados a la realidad uruguaya.

Para mejorar la eficacia y principalmente la eficiencia de las Empresas Públicas es básico mejorar su esquema de Gobernanza o Gobierno Corporativo, bajo el entendido que no sólo se trata de la correcta asignación de funciones y responsabilidades entre el propietario –el Estado en representación de todos los ciudadanos–, el Regulador, el Directorio y la Administración, sino que se trata en realidad de una cultura y disciplina empresarial que busca la excelencia bajo el marco general de la buena gestión de los recursos, los principios éticos y la transparencia. Los directores deben ser nombrados en base a sus competencias profesionales y deberán acreditar su experiencia en la conducción empresarial.

Queremos empresas públicas gestionadas con un alto nivel de profesionalización y eficiencia, que sean un motor de crecimiento y desarrollo para el beneficio de todos los uruguayos.

Gestión profesional y claridad de subsidios
Para garantizar una gestión eficiente, transparente y justa, subsidios como los destinados a la producción de biocombustibles, el supergas, las tarifas de energía eléctrica de algunos consumidos, el boleto del transporte público, requerirán aprobación legal explicita y serán financiados por Rentas Generales. Para tales efectos, impulsaremos que las empresas públicas deban reportar por separado los balances de las distintas unidades de negocios, explicitando los subsidios cruzados entre sectores. Además, las empresas deberán cobrar sus servicios básicos con los precios de mercado como referencia, evitando el sobrecosto que afecta la competitividad.
Integración y fusión de empresas
Entendemos que a medida que las sociedades avanzan, también deben adaptarse las estructuras del aparato comercial e industrial del estado. Un claro ejemplo es nuestro sistema bancario oficial. Proponemos llevar adelante una reestructura de las mismas, evaluando las duplicaciones de funciones y plantillas laborales, y buscando sinergias en su funcionamiento eficiente.
BROU y BHU
Identificamos grandes sinergias entre el Banco Hipotecario y el Banco de la República que no se han podido aprovechar. Al suprimir duplicaciones de funcionamiento y aprovechar la extensa red de sucursales del BROU en todo el país, podemos lograr una mayor eficiencia. Se propone, como primer paso, la unificación de los Directorios para establecer una base sólida. A partir de allí proponemos explorar la mejor estructura futura, que podría incluir la integración del BHU al departamento de crédito hipotecario del BROU o la opción de dividir funciones, con el BHU operando como una banca de segundo piso que financie al BROU.
Desmonopolizaciones
La experiencia uruguaya en materia de desmonopolizaciones y competencia entre el sector público y privado ha demostrado ser un caso de éxito ya que los servicios públicos han podido competir, mejorando su eficiencia y brindando a la población un mejor servicio a precios más accesibles. En ese sentido hay que seguir avanzando.
BSE
Derogaremos el monopolio de seguros de accidentes de trabajo con que actualmente cuenta el Banco de Seguros del Estado, única área no desmonopolizada por la Ley de Seguros, manteniendo el marco legal actual en todo el resto. Los prestadores privados deberán asegurar instalaciones y calidad de atención iguales o superiores a los ofrecidos por el BSE. La mayor libertad y competencia evitan los subsidios cruzados y redundarán en menores primas.
ANCAP
Evaluaremos la conveniencia de liberar la importación de combustibles para uso interno. Esta medida podría tener múltiples ventajas, como la reducción de los costos de combustible, la introducción de competencia en el mercado, dotando al mismo de mayor eficiencia y estabilidad en el suministro de combustible. Asimismo, continuaremos con las mejoras en el sistema de despacho de combustibles a efectos de abatir demoras y costos. Eliminaremos las restricciones que reducen la competencia en el transporte y en otros eslabones de la cadena de comercialización. También se revisará la normativa que regula la producción y comercialización de los biocombustibles. Por otra parte, observando la tendencia de la gestión de las empresas de producción y refinado de hidrocarburos en el mundo, se implementarán mecanismos que permitan la complementación e incluso el abordaje en sociedad entre ANCAP y UTE de proyectos relativos al uso de generación de energía a partir de recursos renovables y su distribución y comercialización.
Fortalecimiento regulatorio
Fortaleceremos las funciones de regulación de las Empresas Públicas, con metodologías basadas en fundamentos técnicos que incentiven la eficiencia y establecimiento de limitaciones a sus directores en la participación en cargos electivos.
Racionalización de subsidiarias
Acometeremos un pormenorizado estudio de todas las sociedades de derecho privado propiedad de las Empresas Públicas, con el objeto de su racionalización y eficiencia, o eventual venta o cierre en caso de corresponder.
Tarifas
Se continuará con la política de racionalización en las EEPP, utilizando las mejoras en el resultado de éstas para seguir reduciendo las tarifas en términos reales.
UTE. Continuaremos siendo proactivos en la baja de la tarifa de UTE en términos reales.
OSE. Daremos a las PYMEs acceso a las mismas tarifas de agua y saneamiento que se cobran para servicios residenciales, no siendo aceptable que las mismas cuesten en algunos casos 4 veces más para comercios.
Mercado de energía eléctrica
Seguiremos fomentando la competencia ampliando el mercado spot. A su vez, URSEA, ejerciendo su rol con absoluta independencia técnica, establecerá y actualizará periódicamente la metodología para determinar los peajes para todos los tipos de tensión.
Respecto a la generación, la oferta del sector privado será libre sin que el Estado pague sobrecostos. La preferencia es que la nueva oferta sea comercializada en el mercado spot, en tanto las inversiones públicas en la materia serán anunciadas con al menos tres años de anticipación de manera que el sector privado pueda evaluar sus proyectos. La política energética se centrará en la mejora de la calidad del suministro, en especial donde aún hoy se adolece de estacionalidad del servicio.
Se invertirá en electrificación rural para dar posibilidad de que efectivamente sea factible la inversión en riego que nos permitirá dar un salto en la capacidad de producción.
Descarbonización
Avanzaremos en la descarbonización, al amparo del Plan Nacional de Electrificación Industrial y Electromovilidad. Asimismo, se estimulará la continuidad en la renovación de la flota de transporte público urbano y suburbano, así como los equipos de transporte de carga de ciudad, facilitando el acceso a vehículos eléctricos.
Continuaremos impulsando las innovaciones e inversiones en hidrógeno verde, Metanol verde (biometanol y e-metanol) y otros combustibles, reconociendo el potencial que tienen para la economía y empleo en nuestro país. Otorgaremos los beneficios fiscales existentes a los proyectos que se presenten, en la medida que cumplan con las condiciones ambientales que nuestra legislación establece. A su vez, se evitará que los proyectos impliquen cuantiosos subsidios, sean éstos directos o indirectos. Seremos firmes impulsores desde la administración de brindar el apoyo necesario para conseguir que las inversiones lleguen a Uruguay.

SISTEMA PREVISIONAL

Reforma jubilatoria
Consideramos que la reforma jubilatoria fue una iniciativa positiva, que otorga un horizonte de medio plazo al régimen. Sin embargo, circunstancias políticas hicieron que muchas iniciativas importantes quedaran por el camino. Entre otras, la reforma de las inversiones de las AFAP en el exterior y el tratamiento del riesgo de extensión de la vida de modo de aumentar la rentabilidad de las futuras jubilaciones.
Plebiscito del PIT-CNT
Reafirmamos nuestra acérrima oposición al proyecto de reforma constitucional de la previsión social. De entrar en vigor, afectará las bases mismas de nuestro sistema económico, por el cual el Estado confiscará 22.000 millones de dólares propiedad de 1.6 millones de personas cuya administración y contralor no sólo es incierto, sino que los recursos se dilapidarán, en una década, según cálculos del BPS. Esto generará:

la pérdida del grado inversor en poco tiempo con la consiguiente suba de la tasa de interés de la deuda que abona el estado y como consecuencia, todo el sistema productivo y consumidores;
la suba de los intereses implica mayor gasto público para cubrirlos, con la consiguiente retracción del mismo de áreas centrales y el aumento de impuestos que frenan el crecimiento;
una andanada de litigios contra el Estado que podrían significar su propia quiebra;
reclamos internacionales por parte de las empresas controlantes de las AFAP.
Como si fuera poco, la fijación de la edad jubilatoria en 60 años en la Constitución, frente a una población que, como en todo el mundo, envejece y, que aúna un casi nulo crecimiento vegetativo, constituirá un gasto de proporciones inabordables que solo tenderá a acrecentarse con el tiempo. La fijación del salario mínimo como base jubilatoria llevará a su vuelta a la irrelevancia como aconteció en el pasado.